Los conductores se van a dar de bruces con una realidad que casi en su mayoría desconocen: la entrada en vigor a partir del 1 de enero de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las en torno a 150 localidades de nuestro país con más de 50.000 habitantes. A escasos días de su teórica entrada en funcionamiento -habrá que ver si no se produce una moratoria-, un estudio de Alphabet viene a señalar, corroborando lo mostrado por otras investigaciones, que cerca de la mitad de los españoles (46,3%) no sabe en qué consiste esta nueva medida de restricción a la movilidad.
Tomando como base dos muestras poblacionales, una de ciudadanos de las 17 principales capitales de cada comunidad autónoma y otra muestra representativa de un centenar de municipios con una población comprendida entre los 50.000 y los 100.000 habitantes, el estudio pone de manifiesto que el grado de conocimiento de las ZBE es algo superior entre los primeros, un 55,1% frente al 50% de los segundos.
Datos que no deben de extrañar cuando se observa también que el 37,5% de los encuestados desconoce qué distintivo de la DGT tiene su vehículo, porcentaje que se eleva hasta el 43% en estos municipios de 50.000 a 100.000 habitantes.
A pesar de su desconocimiento, ocho de cada diez se muestran a favor de la implementación de estas zonas de acceso restringido, aunque eso sí, siempre que no afecte a la movilidad con su vehículo en el 30% de los casos. Tampoco hay una intención decidida de cambiar de vehículo, pues solo un 16% considera que deberá adquirir un coche más sostenible para acceder al centro de su ciudad por este motivo. Entre los partidarios del cambio, la mayoría se decanta por los híbridos autorrecargables (33%), seguidos de los puramente eléctricos (22%) y por los de combustión tradicional pero menos contaminantes (18%).
Al margen de las ZBE, los ciudadanos valoran otras medidas para mejorar la calidad del aire en sus localidades. Sobre todo el fomento del transporte púbico, que tiene el respaldo del 83,3% de los entrevistados, a gran distancia del incremento de los planes de ayuda para la compra de vehículos eléctricos (50%), la instalación de parkings disuasorios en las entradas de las ciudades (44,2%) o el aumento de las zonas peatonales (17,5%).
Medidas todas ellas que no implican asumir un coste adicional para el ciudadano, porque las que sí lo hacen son, con diferencia, las peor valoradas: solo un 4,7% apoya el cobro de un peaje para el acceso y un 3,5% el incremento de los precios de los estacionamientos regulados.