La movilidad corporativa en España ha entrado en una nueva fase marcada por la urgencia. La reciente aprobación del Real Decreto-ley 7/2026 no solo redefine el papel de las empresas en materia de sostenibilidad, sino que acelera de forma drástica los plazos de adaptación: de 24 a 12 meses para implantar planes de movilidad sostenible al trabajo. Un cambio que llega cuando, según datos del Foro de Movilidad de Alphabet, el 64% de las compañías españolas aún no dispone de este tipo de planes.
La reducción a la mitad del plazo legal convierte lo que hasta ahora era una tarea estratégica en una prioridad inmediata. Especialmente en el caso de aquellas las organizaciones de más de 200 empleados (o 100 por turno), obligadas por normativa a diseñar e implementar estos planes en tiempo récord. El problema existente es evidente: pues la mayoría de las organizaciones no sólo parten desde cero, sino que desconocen por completo lo que dichos planes debe incluir.
Un déficit estructural en la gestión de la movilidad
Más allá del cumplimiento legal, los datos reflejan la importante carencia estructural existente en la cultura empresarial española en torno a la movilidad. Apenas un 11,9% de las empresas cuenta actualmente con un plan de movilidad plenamente operativo, lo que evidencia no solo el fuerte retraso que hay en la adopción, sino también la importante falta de conocimiento sobre los programas y conceptos que deben incluir realmente este tipo de estrategias.
Y es que los Planes de Movilidad empresariales no sólo se han de limitar a facilitar el acceso al centro laboral de sus trabajadores, sino que implican elaborar un análisis integral de los desplazamientos de la plantilla, la promoción de alternativas sostenibles para los mismos, la optimización de sus flotas, optimizar la reducción de emisiones en sus desplazamientos, la mejora de la formación de sus trabajadores en materia de sostenibilidad y seguridad vial y, cada vez más, la integración de los criterios ESG en la toma de sus decisiones corporativas.
Sin embargo, muchas organizaciones siguen sin identificar correctamente estos elementos, lo que dificulta tanto su diseño como su implementación efectiva. Una dificultad que ahora se ha visto claramente incrementada al reducir en un año el plazo de la aplicación de la Ley de Movilidad Sostenible, que pasa de los 24 meses originales ha tan sólo 12. Una reducción que viene con trampa, puesto que la fecha limite para la puesta en marcha no cumple el próximo 21 de marzo de 2027, un año después de la publicación en el BOE del RDL 07/2026, sino el próximo 3 de diciembre, fecha de publicación y, por tanto, de entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible; es decir, dentro de apenas 9 meses
Desconocimiento generalizado y falta de formación
El reto se agrava por un factor clave: el desconocimiento. Según el propio Foro de Movilidad de Alphabet, el 68,4% de los españoles desconoce que estos planes son obligatorios para grandes empresas. Una cifra que, trasladada al ámbito corporativo, pone de manifiesto la falta de información y sensibilización existente en esta materia
A ello se suma la fuerte escasez de programas formativos internos. La mayoría de las empresas carece de iniciativas dirigidas a formar a sus trabajadores en movilidad sostenible y seguridad vial, dos pilares fundamentales para que estos planes no se queden en el papel. Sin concienciación ni capacitación, cualquier estrategia pierde eficacia.
Este déficit formativo no solo compromete el cumplimiento normativo, sino que limita el impacto positivo que estas medidas pueden tener en la reducción de accidentes laborales in itinere, la mejora del bienestar de los empleados y la eficiencia operativa.
La presión normativa acelera la transformación
El nuevo marco legal añade a las empresas y corporaciones una presión sin precedentes. La reducción del plazo obliga a las empresas a tener que acelerar procesos internos, buscar asesoramiento especializado y adoptar soluciones tecnológicas que faciliten la gestión de la movilidad.
En este contexto, iniciativas como las impulsadas por los departamentos de consultoría de las distintas compañías de renting (ARVAL, Ayvens, Alphabet, Northghate,… ) se posicionan como herramientas clave para acompañar a las organizaciones en este proceso.
Así, tal y como ha señalado Ángeles Roca, gerente de Marketing y Desarrollo de Negocio en Alphabet, la compañía de servicios de renting, movilidad y gestión de flotas del Grupo BMW, “estamos ante una oportunidad para que las empresas no solo cumplan con la ley, sino que integren la movilidad sostenible como un pilar fundamental de su estrategia”.
Más allá de la ley: demanda creciente de los empleados
La urgencia normativa coincide, además, con una creciente demanda por parte de los trabajadores, quienes según el estudio del Foro de Movilidad Alphabet, entre las medidas en materia de movilidad más valoradas puestas en marcha por sus empresas destacan los incentivos al uso del transporte público (43,6%), la disponibilidad de autobuses de empresa (32,2%) o la mejora en las opciones de aparcamiento (31,1%).
Preferencias que evidencian que la movilidad ya formaba parte de la experiencia de los empleados y, por tanto, de la propuesta de valor que las compañías aportaban en algunos casos y que ahora la Ley de Movilidad Sostenible quiere extender a todas las organizaciones que cuentan con un amplio cuerpo laboral.
Un desafío inaplazable
En definitiva, la combinación de presión normativa, desconocimiento generalizado y falta de formación configura un escenario complejo para las empresas españolas. La implantación de planes de movilidad sostenible ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación urgente.
El tiempo, ahora reducido a la mitad, será el principal enemigo de aquellas organizaciones que aún no han iniciado el camino. La movilidad corporativa ya no es solo una cuestión de sostenibilidad, sino de cumplimiento, competitividad y responsabilidad empresarial.