La Alianza Europea de Distribuidores y Reparadores de Automóviles (AECDR) apoya la decisión de la Unión Europea de avanzar hacia una movilidad climáticamente neutra y desplegará todos los recursos a su alcance, aunque para ello recomienda una mayor ambición en los objetivos de infraestructuras de recarga y asegura que el objetivo de 3,5 millones de puntos de carga para 2030 no es suficiente para soportar el tamaño proyectado de la flota de vehículos electrificados, por lo que reclama duplicar el número previsto de puntos.
En un documento remitido a las autoridades comunitarias, advierte que la nueva Directiva de Infraestructura de Combustibles Alternativos (AFID) debería incorporar objetivos nacionales vinculantes para el desarrollo de puntos de recarga de alta potencia (superiores a 150 kW/h), necesarios para abastecer la demanda de energía de un parque totalmente electrificado en el futuro, tanto por parte de turismos, vehículos comerciales ligeros o vehículos pesados. Conseguir este objetivo es una condición previa de la Administración para lograr la transición hacia una movilidad neutra en carbono.
Asimismo, la alianza reclama medidas que eviten la fragmentación y distorsión del mercado, así como una posible fractura social, para lo que pide a la Unión Europea mayores incentivos para usuarios privados y profesionales, lo que llevaría a que los vehículos alternativos fuesen más competitivos frente a los de combustión.
Fragmentación del mercado
AECDR alerta de una creciente fragmentación del mercado interno y, por ejemplo, explica que la penetración del vehículo electrificado en España e Italia estuvo por debajo del 10% en 2021, frente a las cifras de países como Suecia o Dinamarca, que superan el 30%, lo que debería tenerse en cuenta en la actual revisión de objetivos de CO2 para vehículos nuevos, dado que ante la ausencia de una demanda sólida y homogénea de vehículos eléctricos, existe un riesgo de desalineación entre la oferta de los concesionarios y la demanda de los ciudadanos, que podría traducirse en un riesgo empresarial sobre estas empresas, mayormente pymes. Por ello, instan a las autoridades europeas a monitorizar esta situación en los distintos mercados a la hora de adoptar nuevas regulaciones, con el fin de evitar que perjudiquen al mercado interno.
Por otro lado, reclama que el Fit for 55 tenga un enfoque inclusivo desde el punto de vista tecnológico y no se limite exclusivamente a los vehículos eléctricos a batería, ya que existe una amplia gama de tecnologías que pueden jugar un rol importante en el camino hacia la descarbonización del transporte terrestre, tales como el hidrógeno, los biocombustibles o los e-fuels. Estas opciones son particularmente relevantes en el transporte de mercancías y de largo recorrido, por lo que se debería considerar el potencial de estas tecnologías, adoptando métodos más optimizados y coherentes con el ciclo energético completo, teniendo en cuenta el origen de la energía y no sólo su uso final, en combinación con esquemas voluntarios como los sistemas de créditos. De esta forma, el desarrollo de los combustibles renovables proporcionaría una solución a aquellos segmentos donde la electrificación se antoja insuficiente.
A juicio de Antje Woltermann, portavoz de la AECDR, «la transición en curso debería estimular la sostenibilidad y el empleo de las pymes que representamos. La imposición de objetivos alejados de la realidad del mercado podría desembocar en una presión excesiva a miles de distribuidores que actualmente están invirtiendo grandes cantidades de dinero en su transformación», y reclama a la Unión Europa que tengan en cuenta la necesidad de desarrollar una transición inclusiva y la realidad de estos negocios. Woltermann, además, comenta que «la aprobación de los nuevos estándares de CO2 para nuevos vehículos en junio, por parte del pleno del Parlamento Europeo, será el primer paso y la oportunidad para abordar objetivos que comprometan al sector y a la Administración».