Mientras desde la Dirección General de Tráfico se insiste en advertir a los conductores particulares de la obligatoriedad de llevar una baliza V16 conectada a bordo del vehículo para señalizar su posición en caso de avería o accidente, numerosas flotas de vehículos pertenecientes a las distintas administraciones y organismos estatales, autonómicos y locales de nuestro país carecen de ella.
La falta de presupuestos habilitados para su compra junto con la baja capacidad de reacción para acudir a tiempo al mercado y los procelosos y lentos procedimientos administrativos que deben seguir los gestores de flota para poder llevar a cabo nuevas compras y adquisiciones para las flotas en las empresas y organismos dependientes de las distintas administraciones y cuerpos del estado han provocado que desde el pasado 1 de enero miles de vehículos oficiales en España se encuentren circulando sin disponer todavía de su correspondiente baliza V16 conectada tal y como exige la nueva reglamentación al respecto que entró en vigor con el cambio de año.
Pueden producirse miles de sanciones
Un incumplimiento que puede suponer sanciones de hasta 200 euros por coche para miles de los vehículos que componen dichas flotas que aún no disponen de la baliza conectada, simplemente por el hecho de que numerosas empresas y organismos oficiales no fueron capaces de acceder a tiempo a través de las distintas plataformas de contratación para cerrar los contratos de adquisición de las balizas en tiempo y forma acorde a las normativas de contratación y compras de sus respectivas administraciones.
Dilatados procedimientos que, debido a su complejidad también han provocado que muchos de los proveedores que en su momento les ofertaron las balizas hayan agotado sus existencias en stock antes de poder suministrárselas debido a que los contratos no estaban debidamente formalizados. Una situación que está retrasando la dotación efectiva de las balizas en numerosas flotas oficiales en compañías y organismos de la administración.
Compra ineficiente mediante contratos fragmentados
Dichas administraciones se han visto forzadas en muchos casos a tener que adjudicar la compra de las balizas mediante contratos fragmentados o menores, que bien han tenido que ser adjudicados de forma directa o bien asignados a presupuestos del año 2026, lo que está provocando que la administración española esté adquiriendo dichos accesorios bajo una amplia gama de precios dispares y con una información incompleta en muchos de esos procesos, lo que va a dificultar sobremanera la comparación y la fiscalización de estos gastos imprevistos en muchas de estas flotas oficiales.
Una situación que, además, da pie a que se puedan desarrollar determinadas irregularidades durante dichos procesos, dado que a mayor atomización de las compras que llevan a cabo las corporaciones oficiales, mayor posibilidad de que la opacidad de los proyectos de compra se acentúen, se limite la concurrencia de ofertas o que esta sea inexistente.
La imprevisión y la lentitud elevan el precio de compra
Pese a que la normativa se dio a conocer hace ya más de seis meses, el grueso de los cuerpos del Estado y sus flotas de vehículos vienen ejecutando sus compras de balizas V16 conectadas y los gastos correspondientes de forma completamente desestructurada y mediante la elaboración de toda una amplia variedad de expedientes de contratación que se reparte por los distintos ministerios, comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos, entidades locales y empresas públicas, lo que ha impedido llevar a cabo la compra de los dispositivos de manera directa y mediante concurso público a mejores precios de adquisición.
A mayor concurrencia, menor precio
Según informa el diario digital The Objective, la comparación de algunos expedientes de compra ya conocidos “ilustra con claridad” la situación existente. Así, por ejemplo, “la Agencia Tributaria (Aduanas) licitó un suministro de 763 balizas V-16 al que se presentaron 20 empresas, una cifra inusualmente alta. El precio resultante se situó entre los más bajos detectados. En la misma línea, el Parque Móvil del Estado adquirió 649 balizas V-16 por 14.440 euros, lo que arroja un coste aproximado de 22,24 euros por unidad, tras un procedimiento competitivo con cinco licitadores. No es una excepción: es el resultado esperable cuando hay amplia concurrencia real».
Una situación que, según el mismo medio de comunicación, presenta un “contraste evidente con las compras menores. Ayuntamientos y servicios territoriales han tramitado pedidos de 10, 150 o 500 balizas, sin licitación abierta y con un único posible proveedor. En estos expedientes, el precio unitario tiende a elevarse o, directamente, resulta imposible de calcular porque no siempre consta el número exacto de unidades. En varios anuncios se fija el presupuesto, pero no el volumen, o el suministro se integra en lotes mixtos, lo que impide una comparación homogénea del gasto”.
A mayor fragmentación, mayor ineficiencia
Además, según indica el diario digital, “la fragmentación territorial añade una capa adicional de ineficiencia. Dentro de grandes ayuntamientos, distintos servicios o distritos tramitan sus propias compras en lugar de agregar la demanda [bajo una única licitación]. En Madrid, por ejemplo, una adquisición del ámbito de emergencias se limitó a 150 balizas V-16 para un único distrito, en lugar de una compra conjunta para toda la ciudad, y acabó adjudicada a un proveedor generalista. Es un esquema que se repite en otras corporaciones locales y comunidades”.
Contratos menores que no recaen en distribuidores habituales sino en ferreterías, imprentas, comercios generalistas, “convirtiendo así el suministro en una commodity accesible a cualquier intermediario que ofrezca una disponibilidad inmediata, un patrón que recuerda —salvando las distancias— a lo sucedido durante la pandemia con la compra de mascarillas, cuando empresas ajenas al sector sanitario se hicieron con contratos públicos gracias a la fragmentación administrativa”, recuerda la información de The Objective.
Donde hay competencia, los precios caen
El citado medio digital también alude en su información a lo que sucede en grandes licitaciones como las correspondientes a “Correos y Telégrafos que, con una de las mayores flotas civiles del sector público, ha licitado la compra de 4.800 balizas V-16 por un valor estimado de 172.800 euros, lo que fija el precio en 36 euros por unidad”.
Por su parte, “la flota de la Guardia Civil, con un pedido mínimo de 17.000 dispositivos, se mueve en un rango similar. En estos casos, el volumen estabiliza el coste, aunque sin por ello alcanzar los precios más bajos observados en procedimientos efectuados con mayor competencia.
En su información, el diario digital destaca que “Allí donde hay concurrencia real, el precio cae. Allí donde hay contratos menores y fragmentación, el coste se dispara o se vuelve opaco. Y cuanto más fragmentado es el gasto, mayor es el riesgo de prácticas ineficientes y de pérdida de trazabilidad”.
Millones de euros en pérdidas
Una situación que hace que “el impacto presupuestario agregado no sea menor, ya que Incluso en un escenario conservador, el parque móvil público supera ampliamente los 250.000 vehículos. A precios competitivos, la factura final se contiene; mientras que con precios inflados por la fragmentación, la diferencia se mide en millones de euros. Y todo ello por no prever antes de que la obligación sea exigible una compra centralizada que ordene el mercado.