El Consejo de Ministros de ayer martes aprobó la renovación de la flota automovilística de la Administración General del Estado para los próximos dos años (prorrogables a cuatro) por valor de 216,96 millones de euros.
El Gobierno ha autorizado la compra de vehículos comerciales ligeros que sustituyan a los actualmente en servicio dentro del nuevo acuerdo marco aprobado para los próximos dos años y que reemplaza al todavía vigente que arrancó en 2022.
Los 216,96 millones de euros se destinarán a ampliar o, cuanto menos, renovar la actual flota de vehículos perteneciente tanto a la Administración General del Estado como a Organismos Autónomos, entidades gestoras y servicios de la Seguridad Social, según recoge el artículo 229.3 de la Ley de Contratos del Sector Público en el ámbito estatal, autonómico y local, que formalicen su adhesión específica al nuevo acuerdo marco establecido.
Saldrán a concurso cinco lotes diferentes
El nuevo convenio aprobado por el Consejo de Ministros establece cinco lotes en función de las características de los vehículos y, en especial, el uso al que estarán destinados. Los dos primeros lotes contemplan la adquisición de vehículos destinados al transporte de personas, el tercero y el cuarto a los dedicados al transporte de mercancías y el quinto y último lote contempla la adquisición de vehículos comerciales con chasis de cabina simple.
Dentro de cada uno de los lotes establecidos se establecen asimismo dos grupos que se definen en función de los volúmenes de emisiones directas de CO2 que producen. Así, en uno de estos grupos se incluyen los vehículos dotados con motores de combustión y en el otro los vehículos híbridos y eléctricos.
La adjudicación de todos los lotes se establecerá junto con el nuevo acuerdo marco de contratación para estos próximos años a partir de un procedimiento abierto acorde a los requisitos que establece la Ley de Contratos del Estado. Así, los distintos lotes irán saliendo en sucesivos concursos a los que se pueden presentar todos aquellos licitadores que cumplan con los criterios de aptitud exigidos y cuyas ofertas se ajusten a las condiciones técnicas y económicas establecidas para cada concurso.