Los automóviles nuevos de combustión se han encarecido de media un 35% en los últimos cinco años, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Este incremento, muy superior al de la inflación general acumulada en dicho periodo, que alcanzó el 12,8%, es atribuido por la asociación a las penalizaciones de la Unión Europea a los fabricantes de automóviles por emisiones de CO2 (solamente el cambio de normativa NEDC a WLTP ha supuesto, de media, un incremento del 5%), la crisis de los microchips y la propia inflación de muchos de los materiales y productos empleados en su fabricación.
Así, un Dacia Sandero, el modelo más barato del mercado, ha incrementado su precio en 2.995 euros, un 42% más, pasando de 7.035 euros en 2017 a 9.990 euros este año, descuentos oficiales incluidos.
Tras el estudio de los precios de los modelos más vendidos de las 15 marcas más importantes del mercado automovilístico español, el análisis de OCU desvela, además, que solo dos, el BMW X1 y el Mercedes GLC, han mantenido sus precios por debajo del IPC general acumulado.
Buscar ofertas
Ante esta coyuntura, la organización de consumidores recomienda a los conductores buscar modelos que estén en oferta o en stock y comparar precios, ya que el ahorro puede alcanzar el 20% sobre el precio oficial. Asimismo, aconseja buscar vehículos eléctricos o con motor híbrido, cuya subida ha sido menor y, a medio plazo, terminan saliendo más baratos. Es el caso, por ejemplo, del Mazda2, el híbrido no enchufable más barato, cuyo precio, 18.220 euros, ha subido un 18% respecto a hace cinco años. O del híbrido enchufable más barato ahora, el Renault Captur (30.160 euros), que cuesta casi lo mismo que el modelo más económico de entonces; mientras que el eléctrico más barato, el Dacia Spring (17.905 euros), vale un 18% menos que el modelo eléctrico más barato de hace cinco años.
OCU, en cualquier caso, urge a las autoridades europeas a impulsar el desarrollo de industrias nacionales de microchips que puedan garantizar un suministro regular de este tipo de componentes y aseguren un precio estable, y demanda de las Administraciones españolas la ampliación de la actual red de electrolineras de carga rápida, ya que favorecer el uso del coche eléctrico pasa necesariamente por la presencia de un punto de recarga cada 50 kilómetros.