La Comisión Europea ha propuesto exigir el precableado para la instalación de cargadores privados de coches eléctricos -lo que supone casi el 90% de las recargas- en los nuevos edificios y en los que se realicen grandes reformas. Pero la propuesta va más allá y contempla que los edificios no residenciales nuevos y renovados, así como las oficinas y los comercios, también deberán estar equipados con un número mínimo de puntos de recarga.
Aunque la propuesta está pendiente de debate por parte de los eurodiputados y los Gobiernos de la Unión Europea, Transport & Environment (T&E) ya ha realizado una primera advertencia, al señalar que no se debe dejar de lado a la gran mayoría de los ciudadanos que viven y trabajan en edificios existentes, donde no hay ningún requisito. En este sentido, el responsable de la política de vehículos de T&E, Fabian Sperka, pronostica que «si esperamos que los conductores se decanten por la electricidad, debemos eliminar las barreras a la recarga en el lugar donde se produce la mayor parte, en el hogar y en el trabajo».
Acceso público
Además de los puntos de recarga privados, es importante extender la infraestructura eléctrica disponible para los usuarios a nivel público. En España, en este sentido, las asociaciones del sector han indicado que para alcanzar el parque de tres millones de turismos que exige para 2030 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es imprescindible tener instalados, como mínimo, 340.000 puntos de recarga de acceso público en dicho año.
Hoy por hoy, nuestro país dispone de 11.517 puntos de recarga de acceso público, por lo que desde Faconauto, su vicepresidenta ejecutiva, Marta Blázquez, señala que eliminar las barreras de entrada de los ciudadanos al vehículo eléctrico «ha de ser una prioridad para los sectores que estamos involucrados en su impulso y también para las Administraciones Públicas».