Mientras el sector del transporte por carretera afronta un nuevo episodio de incertidumbre en torno a las ayudas al combustible, Hacienda y Moeve mantienen reuniones de urgencia para resolver una grave incidencia que ha impedido cobrar las bonificaciones en los precios a alrededor del 10% de los transportistas acogidos al sistema de gasóleo profesional.
El problema afecta —según distintas informaciones publicadas— a los propietarios de miles de vehículos del sector del transporte y vuelve a poner sobre la mesa el fuerte impacto que tienen los costes energéticos sobre la explotación de las flotas profesionales.
La tensa situación existente deriva de un problema surgido en el sistema de facturación de la compañía energética que habría provocado duplicidades en los repostajes y dejado pendiente el abono de las bonificaciones del gasóleo profesional de miles de vehículos
La incidencia estaría relacionada con un cambio introducido por Moeve en su sistema operativo a finales de 2025. Según fuentes conocedoras de la situación citadas por los medios, la modificación habría interferido en la correcta tramitación de los descuentos asociados a los repostajes, generando duplicidades en determinados expedientes y dificultando así que la Administración pudiera determinar con precisión el volumen de combustible consumido por algunos transportistas.
El problema no es menor. Algunos profesionales llevan acumulando desde octubre de 2025 importantes retrasos en los abonos de las devoluciones correspondientes al gasóleo profesional, lo que complica sus operativas. El mecanismo de ayudas aprobado por el Gobierno contempla una bonificación de 20 céntimos por litro para determinados suministros de combustible realizados por los vehículos profesionales.
Miles de vehículos pendientes de cobrar
La situación afecta al colectivo acogido al régimen de gasóleo profesional, que engloba principalmente a camiones de más de 7,5 toneladas, autobuses y taxis. De acuerdo con los datos facilitados por Hacienda a las organizaciones del transporte, alrededor del 91% de las ayudas ya han sido aprobadas, mientras el resto de expedientes aún permanece pendiente.
El problema adquiere una dimensión especialmente relevante en el caso de los autónomos y pequeñas empresas de transporte, para quienes los precios del combustible constituyen uno de los principales componentes de sus costes de explotación. El retraso en el cobro de las bonificaciones aportadas por la administración les obliga, en la práctica, a tener que adelantar durante meses unas cantidades que deberían contribuir a compensar el incremento de los costes energéticos. Una situación que agrava mes a mes sus rendimientos de explotación.
Una vez que la Agencia Estatal de Administración Tributaria valida una ayuda, el proceso ordinario de pago es mucho más rápido: el plazo medio para que el dinero llegue a la cuenta del transportista debería sitúar en torno a diez días, mediante una transferencia realizada directamente por el Banco de España.
Por eso, el atasco generado por las incidencias en los registros de repostaje tiene una consecuencia especialmente significativa: los profesionales afectados no están ante un retraso normal del procedimiento administrativo, sino ante expedientes que requieren de comprobaciones adicionales para poder determinar correctamente los consumos y evitar posibles duplicidades.
El combustible vuelve a condicionar la rentabilidad de las flotas
El episodio llega además en un momento especialmente delicado para el transporte profesional. El elevado precio de la energía vuelve nuevamente a ejercer una fuerte presión sobre los costes operativos y las empresas afrontan otra vez la necesidad de mantener bajo control todos los elementos que determinan el coste por kilómetro de sus operaciones.
En este escenario, las bonificaciones al combustible adquieren una importancia estratégica para unas flotas que, pese al avance de la electrificación, continúan dependiendo mayoritariamente del gasóleo en el transporte pesado y en buena parte de las operaciones de larga distancia.
La situación también tiene una importante lectura para el renting de vehículos industriales y comerciales. La evolución del coste energético constituye uno de los factores que las empresas deben incorporar a sus decisiones de renovación y a la configuración de sus contratos de movilidad. El coste total de utilización ya no depende exclusivamente de la cuota financiera, el mantenimiento o el valor residual: el combustible y las ayudas asociadas pueden modificar de forma significativa el coste real de explotación de sus flotas.
Retrasos en un contexto de mayor presión sobre el transporte
En este sentido, la incidencia surgida con Moeve se suma a las dificultades que el sector del transporte está encontrando para trasladar con rapidez las medidas de apoyo aprobadas por el Gobierno.
El marco de ayudas se estableció mediante el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado en marzo para mitigar el impacto del incremento de los costes energéticos sobre el transporte por carretera. Sin embargo, la aplicación de estas medidas ha estado condicionada también por los requisitos de control derivados del marco temporal de ayudas aprobado por la Unión Europea.
El resultado es que una parte de los transportistas ha tenido que asumir durante meses unos costes que las ayudas pretendían precisamente aliviar. Y a ello también hay que añadir otro frente abierto en septiembre. Distintas organizaciones del sector del transporte han denunciado que determinadas estaciones de servicio no estarían trasladando correctamente a los precios finales de sus repostajes la rebaja fiscal del diésel aprobada por el Gobierno, razón por la cual han reclamado una actuación urgente de la Administración y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La presión se concentra así en dos puntos de la misma cadena: por un lado, el transportista continúa esperando parte de las ayudas comprometidas y, por otro, las organizaciones sectoriales reclaman que las reducciones fiscales previstas se reflejen efectivamente en el precio que el usuario profesional paga por el combustible.
Una cuestión clave para la renovación de flotas
Más allá del problema puntual de las ayudas pendientes, el episodio vuelve a evidenciar una importante cuestión estructural para el transporte profesional. Y es que la volatilidad del coste energético se ha convertido en una variable muy crítica de la gestión de las flotas.
Para las empresas que deben decidir cuándo renovar sus vehículos, qué tecnología incorporar y bajo qué modalidad financiarla, los elevados costes del combustible pueden marcar la diferencia entre mantener una flota convencional de vehículos con motores de combustión o decidir acelerar su transición hacia vehículos impulsados por motores de otras tecnologías alternativas.
Pero para las flotas de transporte pesado, sin embargo, la sustitución del diésel por soluciones electrificadas o de otro tipo no resulta todavía tan fácil, lo que les obliga a que su transición a la electrificación avance todavía a un ritmo menor y muy diferente al que ya se registra en las flotas conformadas con vehículos de turismo y comerciales ligeros. De ahí que cualquier retraso en las ayudas tenga un impacto directo mucho más significativo sobre la cuenta de resultados de estas compañías.
Hacienda y Moeve tratan ahora de solucionar cuanto antes el problema detectado que se ha generado por las duplicidades producidas en los registros de repostaje de estas flotas del sector del transporte. La solución del mismo permitirá entonces desbloquear los expedientes afectados, aunque el episodio deja una conclusión evidente para el sector: en un negocio en el que cada céntimo por kilómetro cuenta, también es de gran importancia el tiempo que una empresa tarda en recuperar y cobrar las ayudas que tiene reconocidas.
Y es que para las flotas, sometidas simultáneamente a la presión de los costes, las exigencias medioambientales y la necesidad de renovación; la gestión eficiente de la energía ha dejado de ser una cuestión exclusivamente económica para convertirse en una pieza central de su estrategia de movilidad.