Las empresas de transportes y las pymes agrupadas en asociaciones regionales como VIEROS o UPTA-AGTAMAR consideran del todo «insuficientes» las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno central y la Xunta de Galicia en lo referente a las bonificaciones aplicables a los peajes vigentes en las autopistas gallegas para 2025. Las cuantías de los mismos y los porcentajes de bonificación aplicables para el uso de vías de alta capacidad como las AP-9, AP-53, AG55 y AG-57 están generando un gran descontento en el sector del transporte.
Desde el pasado 1 de enero, las autopistas de titularidad estatal AP-9 y AP-33 cuentan en Galicia con una bonificación del 50% en el coste de sus peajes para vehículos pesados, mientras que para los vehículos ligeros, tanto turismos como furgonetas, se mantiene la gratuidad del tramo Vigo-Redondela y se aplica mediante un sistema de telepeaje un descuento del 50% a aquellos usuarios que por su recurrencia de recorridos realicen más de 20 viajes al mes, además de que el viaje de vuelta será gratuito si se realiza dentro de las 24 horas siguientes al del recorrido de ida.
Bonificaciones insuficientes para el transporte en la región
Por el contrario, las autopistas con sistemas de peaje automatizados (AG-55 y AG-57) han ajustado sus tarifas acorde a los incrementos del IPC, estableciendo un incremento máximo de las mismas de 5 céntimos en algunos de sus tramos, a la vez que mantienen los porcentajes de bonificaciones previamente establecidos.
Así, en estas autopistas se puede obtener un descuento por retorno del 25% en el primer viaje de vuelta y del 50% en el segundo y posteriores, excepto en los domingos y días festivos, así como una bonificación “por nocturnidad” del 50% por el uso de las citadas autopistas entre las 00:00 horas y las 06:00 horas.
Por su parte, los peajes establecidos en la AP-9 han incrementado sus tarifas en un 4% desde el primero de enero de 2025, siguiendo lo establecido en el modelo de incrementos anuales establecido en el acuerdo de concesión de la vía a Audasa, vigente hasta el año 2048.
Las bonificaciones no incentivan lo suficiente el uso de la autopista
Desde las asociaciones empresariales antes citadas se considera que en su situación actual las bonificaciones establecidas no incentivan lo suficientemente el uso de las vías de alta capacidad por los vehículos destinados al transporte pesado, tanto de mercancías como de pasajeros, lo que derivará buena parte del tráfico que genera a las carreteras convencionales de la región provocando una circulación aún más densa y menos fluida en las mismas.
En su opinión, las bonificaciones del 50% no son suficientes para que las autopistas puedan “competir” con las rutas gratuitas existentes en la región, especialmente en el caso de aquellos transportes cuya entrega no es urgente. Igualmente, se quejan de que además no se ha establecido en las citadas autopistas un descuento adicional por recurrencia o en los trayectos de ida y vuelta aplicables a los vehículos pesados como sí se ha hecho en el caso de los vehículos ligeros, tanto turismos como furgonetas.
Hace falta un Plan Director de Movilidad
Ambas asociaciones también se quejan de la falta de un Plan Director de Movilidad resultante del análisis de cuestiones tan críticas como las congestiones que se producen en los puntos más conflictivos de la red vial de Galicia, la alta siniestralidad existente en determinados tramos de la misma o el impacto económico que supondría liberalizar de peajes determinadas zonas estratégicas para la economía de la región como son sus parques empresariales y puertos.
Por todo ello, desde VIEROS y UPTA-AGTAMAR se propone la centralización de todas las competencias relacionadas con la movilidad en la Xunta de Galicia, administración a la que consideran mejor preparada para adaptar las políticas en esta materia a las necesidades reales que tienen tanto el territorio como sus habitantes.
Galicia pide el traspaso de la gestión de la AP-9
Recordemos que desde Galicia se insiste de manera recurrente desde hace ya muchos años en la necesidad de traspasar la gestión de la autopista AP-9 de la Administración del Estado a la Xunta de Galicia dada su condición de eje vertebrador de la movilidad en la comunidad autónoma y el que mayoritariamente hacen de ella tanto sus habitantes locales como muy especialmente las empresas y los profesionales autónomos de la región.
Facilitar la gestión autonómica de la vía permitiría una mejor y más adecuada planificación de cuanto afecta a la misma, en especial en materia de bonificaciones y de seguridad vial, al tiempo que habilitaría una mayor cohesión territorial con el entorno por el cual discurre.
Sin embargo, desde la Administración del Estado se oponen al traspaso de las competencias sobre esta vía dado que, en opinión del Ministerio de Transportes, la AP-9 forma parte de la red estatal de interés general y soporta un elevado tráfico de carácter internacional facilitando acceso a importantes infraestructuras clave para el país, como son los puertos y aeropuertos de la región noroeste española.