Cuando las barbas de tu vecino veas pelar… El viejo refrán español cobra actualidad ante la crisis del transporte por carretera que sufre Italia, las tensiones que atraviesa el sector del transporte en Francia y la creciente inestabilidad social que se vive en España con motivo de la nueva convocatoria electoral y que se puede sumar al aumento del malestar del sector del transporte profesional en nuestro país.
El encarecimiento del gasóleo y el malestar de los transportistas por la respuesta de sus gobiernos dibujan un escenario que España no debería ignorar, máxime en un momento como el actual, en el que bajo un contexto de creciente presión sobre el coste de la vida y de elevado descontento entre los distintos colectivos sociales.
Una escalada de la crisis en el transporte español podría actuar como catalizador de nuevas protestas, con consecuencias que irían más allá de las empresas y los profesionales del sector para alcanzar a la distribución, el abastecimiento y la actividad económica.
La crisis del transporte se puede trasladar a nuestras carreteras
La cuestión que nos planteamos es si las medidas ya adoptadas serán suficientes para evitar que la tensión que ya se manifiesta en otros países termine cruzando nuestras fronteras.
Los camioneros italianos han levantado a la mayor parte de sus bloqueos a la actividad tras lograr nuevas ayudas pública por parte del Gobierno de Meloni, aunque el conflicto sigue pendiente de una negociación decisiva que dará comienzo hoy martes 27 de octubre. En Francia, los transportistas han suspendido —al menos de momento— sus movilizaciones tras alcanzar nuevos compromisos con el Gobierno.
Y en España, si bien aún no hemos registrado todavía una crisis del transporte equivalente en cuanto a las protestas, sí que las patronales del sector mantienen críticas respecto de las actuales ayudas al gasóleo. Y es que la evolución de los costes energéticos y la capacidad de las empresas para repercutirlos seguirán condicionando la estabilidad de la cadena logística.
Nueva fase del conflicto en Italia
La crisis del transporte por carretera en el sur de Italia ha entrado en una nueva fase. Después de casi una semana de bloqueos, las huelgas del transporte llegaron a provocar problemas de abastecimiento en supermercados y gasolineras, paralizaciones industriales y dificultades para distribuir productos esenciales.
Ahora, los camioneros han comenzado a recuperar la actividad tras el compromiso del Gobierno de Giorgia Meloni este pasado fin de semana de ampliar las ayudas para compensar el encarecimiento del combustible.
Los últimos piquetes se levantaron mayoritariamente entre el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, lo que ha permitido reanudar las entregas a supermercados y normalizar progresivamente las cadenas de suministros.
Sin embargo, el acuerdo alcanzado no supone necesariamente el final de las tensiones. Parte del sector aún mantiene sus reivindicaciones y espera obtener nuevas respuestas en la reunión prevista para hoy martes 27 entre los representantes de los manifestantes con el ministro de Transportes e Infraestructuras, Matteo Salvini.
Francia y España… pulsión latente
Por su parte, Francia ofrece otro ejemplo de cómo la presión de los transportistas puede desembocar en una negociación con el Ejecutivo. La organización profesional OTRE suspendió las movilizaciones previstas para los días 21 y 22 de octubre después de obtener compromisos sobre la indexación del combustible en las facturas y el pago de las ayudas pendientes.
Y en España, si bien nuestro país no ha registrado durante el último fin de semana una movilización del transporte de mercancías comparable a la italiana o la francesa, eso no significa que el problema esté resuelto.
Las organizaciones empresariales consideran insuficiente el paquete de ayudas aprobado para el último trimestre y advierten de que la subida del gasóleo continúa presionando fuertemente los márgenes de las empresas logísticas y de transporte.
La situación invita, por tanto, a distinguir entre tres escenarios: una crisis logística que ha comenzado a remitir en Italia, un conflicto negociado en Francia y un malestar empresarial que persiste en España.
La evolución del combustible, la aplicación efectiva de las medidas públicas y la capacidad de trasladar los incrementos de costes a las tarifas determinarán a corto plazo si la tensión se reduce o si, por el contrario, vuelve a traducirse en movilizaciones.
Italia levanta los bloqueos, pero deja abierto el conflicto
La crisis del transporte en Italia ha provocado numerosas protestas en el sur del país y se extendieron por regiones como Sicilia, Calabria, Campania y Apulia. Los transportistas denunciaban que el encarecimiento del gasóleo estaba comprometiendo la rentabilidad de sus operaciones, especialmente en el caso de los autónomos y las pequeñas empresas, con menos capacidad financiera para absorber las subidas.
La movilización tuvo consecuencias que trascendieron ampliamente las carreteras. En el área de Nápoles y otras localidades del sur se registraron muchos comercios con sus estanterías parcialmente vacías, dificultades para reponer productos frescos, así como numerosos problemas de suministro de combustibles en estaciones de servicio.
La falta de entregas también afectó a la industria alimentaria y a numerosos fabricantes que dependen del transporte por carretera para recibir materias primas y distribuir su producción.
Entre los casos más significativos figuraron las interrupciones en la fabricación de mozzarella de búfala y la paralización de siete plantas del grupo alimentario La Doria. El fabricante suspendió temporalmente la actividad de sus instalaciones afectadas y recurrió a permisos forzosos para parte de su plantilla.
La crisis del sector del transporte también ha provocado interrupciones en varias plantas de Stellantis por la falta de componentes. La compañía prevé suspender la producción de su Sistema 1 en la planta de Vigo los días 29 y 30 de octubre, en los tres turnos de trabajo, por falta de aprovisionamiento de piezas. El parón afectará al ensamblaje del Peugeot 2008, mientras que el Sistema 2, dedicado a los vehículos comerciales ligeros, mantendrá su actividad.
La situación se suma a las interrupciones ya registradas durante octubre en varias factorías francesas del grupo, entre ellas Mulhouse, Poissy, Sochaux y Rennes, donde la escasez de componentes, incluidas baterías de gran autonomía, ha obligado a detener temporalmente la producción.
Estos episodios evidencian cómo las dificultades en el transporte y el suministro de piezas pueden extender sus efectos más allá de la carretera, comprometiendo la actividad industrial y las cadenas logísticas europeas. Toda una demostración de como un conflicto localizado puede extenderse por las cadenas de suministro.
La interrupción de las entregas no solo perjudica a los transportistas, sino también a los fabricantes, distribuidores y consumidores que dependen de la continuidad del servicio.
El gobierno italiano amplía sus ayudas
La situación comenzó a cambiar tras las negociaciones establecidas con el Gobierno italiano. El Ejecutivo aprobó otros 106 millones de euros de apoyo a los transportistas, que se suman a los 434 millones previamente asignados, hasta alcanzar unos 540 millones para el sector. El paquete incluye también recursos para agricultores y pescadores afectados por el encarecimiento de sus costes de energía.
Tras el anuncio, las principales organizaciones y numerosos grupos de transportistas comenzaron a retirar los bloqueos. El viernes 23 y el sábado 24 la circulación de mercancías se había recuperado en buena parte de las zonas afectadas y las entregas a los supermercados volvían a realizarse.
No obstante, el acuerdo sigue teniendo un componente provisional. Los transportistas reclaman mayor estabilidad en el precio del combustible, medidas fiscales y mecanismos que permitan repercutir sus variaciones en las tarifas. La reunión prevista para hoy será una nueva prueba para comprobar si las medidas anunciadas responden o no a sus demandas y terminar finalmente con la crisis del transporte.
La conclusión es relevante: las ayudas han contribuido a desactivar la mayor parte de las protestas, pero no eliminan automáticamente los problemas de rentabilidad que las originaron.
Francia suspende sus movilizaciones tras negociar con el Gobierno
Francia también ha vivido una escalada de tensión por el coste de los carburantes. La organización profesional OTRE había anunciado movilizaciones a partir del 21 de octubre ante la falta de respuestas suficientes del Gobierno de Emmanuel Macron a las reclamaciones del transporte por carretera.
Sin embargo, la negociación permitió cambiar el calendario. Según informó la federación española Fenadismer el pasado 19 de octubre, OTRE suspendió las protestas previstas para los días 21 y 22 tras obtener compromisos oficiales sobre dos cuestiones centrales: la indexación del combustible en las facturas del transporte y el pago de las ayudas económicas concedidas.
La indexación es especialmente importante para las empresas de transporte. Permite ajustar las tarifas a las variaciones del combustible y evita que los incrementos de este coste recaigan íntegramente sobre el transportista cuando no puede trasladarlos al cliente.
La suspensión no equivale a una solución definitiva. OTRE advirtió de que podría recuperar las movilizaciones si los compromisos no se concretaban mediante las correspondientes medidas. La efectividad del acuerdo dependerá, por tanto, de su aplicación y de que las empresas reciban las ayudas comprometidas.
Francia, la tensión social ya afecta al transporte
Durante este pasado fin de semana (24 y 25 de octubre), Francia registró además importantes manifestaciones sociales relacionadas con el coste de la vida, la educación y los servicios públicos. Las autoridades cifraron en unas 410.000 las personas que participaron en las movilizaciones del sábado, aunque los sindicatos elevaron esa estimación.
Estas protestas reflejan un fuerte clima de malestar social, si bien sus reclamaciones no deben confundirse con las movilizaciones específicas que está generando el malestar del sector del transporte de mercancías. La distinción es importante para evaluar el riesgo logístico que sufre el país vecino, donde una manifestación multitudinaria como las que se están produciendo y vemos por los medios de comunicación no implica necesariamente una interrupción de los corredores de transporte ni una huelga de camioneros.
Para los operadores españoles que trabajan con Francia, además de los riesgos que esas manifestaciones ocasionan, hay otro elemento principal que conviene vigilar muy de cerca en el país vecino, como sigue siendo la evolución tanto del precio como del suministro de combustible, las posibles acciones que los transportistas puedan iniciar y convocar así como cualquier otra incidencia que pueda afectar a los principales corredores internacionales.
España: el Gobierno ha prorrogado las ayudas prorrogadas
En cuanto a la situación que se vive en España, es bien distinta a la que se está produciendo tanto en Italia como en Francia. Durante el fin de semana analizado no se han identificado nuevas movilizaciones de transportistas de mercancías de una magnitud comparable a los bloqueos del sur de Italia o las revueltas que se viven en Francia.
Sin embargo, el desacuerdo entre las organizaciones empresariales y los respectivos Gobiernos sobre el alcance de las ayudas continúa abierto en ambos países.
En nuestro país, el Ejecutivo prorrogó el pasado 29 de septiembre las medidas fiscales sobre los carburantes hasta final de año. El esquema aprobado contempla una rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos de 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos en noviembre y seis céntimos en diciembre, con mecanismos de ajuste vinculados a determinados umbrales de inflación.
Para los transportistas profesionales que tienen derecho a la devolución parcial del impuesto por gasóleo de uso profesional, el decreto contempla ayudas específicas de cinco céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre. También prevé ayudas directas extraordinarias para determinados profesionales que no pueden acogerse a esa devolución.
La cuantía de las ayudas puede ser insuficiente
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) valoró que se mantuvieran las ayudas, pero consideró insuficientes sus cuantías ante el incremento acumulado del precio de los combustibles. La organización señaló que el gasóleo había pasado de unos 1,44 euros por litro al inicio del conflicto de Irán a alrededor de 1,93 euros, una subida superior al 40% según sus cálculos.
Las patronales habían reclamado un apoyo mayor. Entre sus propuestas figuraban elevar la bonificación al combustible, reducir los costes laborales de las empresas y agilizar el pago de las ayudas pendientes.
La diferencia con Italia no debe interpretarse únicamente a partir del precio del gasóleo. También influyen la estructura del mercado, las medidas fiscales aplicadas, la capacidad de negociación de las organizaciones y las decisiones sobre la convocatoria de movilizaciones.
Así las cosas, el riesgo para las empresas españolas reside en que las ayudas temporales no compensen el incremento de sus costes durante un periodo prolongado de esta situación, en a que los costos del combustible suben más deprisa de lo que pueden revisarse las tarifas, el margen por operación disminuye y las compañías con menos recursos financieros quedan más expuestas.
Por el momento, el escenario español es de una fuerte presión económica y negociación, no el de una crisis de abastecimiento equivalente a la italiana.
El combustible sigue siendo un riesgo para la cadena de suministro
En todo caso, la evolución del precio del gasóleo y del resto de combustibles continúa condicionada por las tensiones geopolíticas, especialmente por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus consecuencias para el tráfico marítimo y el mercado internacional del petróleo.
La continuación de las perturbaciones en el estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre los suministros energéticos han elevado la volatilidad del mercado. Y de igual modo, la persistencia de la guerra en Ucrania y la forzada reorganización de los flujos comerciales europeos que continúa provocando añaden otros factores de inestabilidad a las cadenas logísticas y de suministro.
Y si bien no cabe deducir de ello que el combustible vaya a encarecerse de manera continua, sí que las empresas de transporte deben contemplar las posibles variaciones relevantes en sus presupuestos que la actual situación pueda llegar a provocar.
El sector reclama más flexibilidad y rapidez en las ayudas
El gasóleo y los combustibles constituyen uno de los principales costes operativos del transporte por carretera. Su impacto depende del consumo de cada vehículo, de los kilómetros recorridos, de la eficiencia de las rutas, de las condiciones de compra y de la posibilidad de repercutir las variaciones en las tarifas.
Por eso, el problema no se limita a cuánto cuesta el litro, sino a la rapidez con la que cambia su precio y a quién le correspondeasumir ese incremento en cada contrato previamente establecido.
En este contexto, la indexación del combustible adquiere especial relevancia. Si los contratos permiten ajustar las tarifas de forma ágil y transparente, las empresas reducen su exposición a las subidas extraordinarias.
Cuando esos mecanismos no existen o su aplicación se retrasa, el transportista puede verse obligado a financiar temporalmente el sobrecoste, con los riesgos sobre la rentabilidad de las operaciones que ello plantea. Un riesgo que rápidamente puede generar una grave crisis de transporte en nuestras carreteras.
¿Puede reproducirse en España una crisis como la italiana?
La situación que vive Italia demuestra que existe un riesgo real cuando coinciden un encarecimiento importante del combustible, márgenes empresariales reducidos, ayudas consideradas insuficientes y una movilización con capacidad para interrumpir las principales rutas de distribución. Pero eso no significa que podamos afirmar que España vaya a vivir necesariamente una situación semejante.
La experiencia de la huelga provocada por la crisis del transporte que ya vivimos en nuestro país en marzo de 2022 ya evidenció que una movilización de suficiente alcance puede afectar al abastecimiento de industrias y comercios, obligar a algunas empresas a detener su actividad y forzar al Gobierno a aprobar medidas extraordinarias.
Sin embargo, las circunstancias actuales son distintas y deben analizarse con cautela. De hecho no se ha constatado por el momento una convocatoria española equivalente a los bloqueos italianos, ni hay base suficiente para anticipar un desabastecimiento generalizado.
En todo caso, conviene seguir atentamente la evolución de los principales indicadores, como son la evolución del precio del gasóleo, el cumplimiento de los compromisos públicos, la posición de las patronales, la capacidad de trasladar los costes a las tarifas y la aparición de posibles nuevas convocatorias de movilizaciones sociales.
Y también será importante observar el resultado de la reunión italiana que comienza mañana del 27 de octubre entre el gobierno italiano y los transportistas, así como comprobar si los compromisos alcanzados en Francia se traducen en medidas efectivas.
Ambos procesos servirán para valorar hasta qué punto las soluciones negociadas pueden evitar nuevos conflictos a corto plazo en ambos países, y evitar que su influencia pueda extenderse a nuestro país.
Una advertencia también para el renting de vehículos industriales
Aún asi, la crisis del transporte que se vive en Europa también tiene consecuencias directas para las empresas logísticas y para los operadores de renting de vehículos comerciales e industriales.
Un aumento sostenido de los mismos puede deteriorar la rentabilidad de los contratos de transporte, reducir la liquidez de los clientes y obligar a aplazar inversiones o renovaciones de flota. E incluso, si el problema se prolonga, las dificultades financieras pueden trasladarse a otros eslabones de la cadena de suministro.
Para los operadores de renting, la exposición no es idéntica a la que sufren las empresas transportistas, pues su impacto depende de las condiciones contractuales, de los servicios incluidos, de la solvencia de los clientes y del grado en que el precio del combustible repercuta en la actividad de cada usuario. No debe confundirse, por tanto, el riesgo de explotación de una flota con el coste directo del combustible asumido por el arrendador.
En todo caso, las empresas pueden reducir parte de su exposición mediante una mejor planificación de sus rutas, el control de los consumos, la renovación de las flotas hacia vehículos más eficientes o mediante la incorporación de herramientas telemáticas para la gestión de la flota.
Sin embargo, ninguna de estas medidas pueden eliminar el posible riesgo de interrupción que se produce en el sector cuando se bloquean los corredores esenciales de las cadenas de suministro.
Así las cosas, la lección que nos deja este fin de semana es más matizada que la de una crisis que avanza de forma inevitable por Europa. Italia ha demostrado que las interrupciones logísticas pueden tener efectos rápidos y profundos, pero también que las ayudas y la negociación pueden contribuir a restablecer la actividad.
Por su parte, Francia ha optado por suspender sus movilizaciones tras obtener compromisos, mientras que en España se mantiene —al menos de momento— un escenario de fuerte tensión económica aunque sin una protesta equivalente en estos últimos días que permita determinar que hay crisis del transporte en nuestras carreteras.
El riesgo no ha desaparecido: ha cambiado de fase.
Será la evolución del combustible y el cumplimiento de los compromisos públicos los que determinarán si la crísis del transporte se consolida o si, por el contrario, el malestar revive y vuelve a traducirse en movilizaciones cuyas consecuencias pueden afectar gravemente tanto a la industria como, en especial, al suministro de mercancías.