Cabify, empresa española de movilidad, ha asegurado que la nueva regulación para el VTC impulsada por varios grupos políticos de Cataluña, aprobada ayer 5 de julio, supone un claro ataque contra el sector, que ofrece en Barcelona y su área metropolitana soluciones de movilidad a cientos de miles de ciudadanos y genera oportunidades laborales para miles de familias. Es más, según Cabify, el ataque va más allá y afectará «al futuro de Cataluña y de sus ciudadanos», ya que la normativa aprobada reduce significativamente las opciones de movilidad sostenible con las que cuentan los ciudadanos, en un contexto donde las regulaciones en entornos urbanos van encaminadas, habitualmente, a reducir el tránsito de coches particulares en el interior de las ciudades y establecer zonas de bajas emisiones, tal y como solicita Europa en sus recomendaciones de regulación. Además, según Cabify, esta regulación no representa los intereses de una amplia mayoría de los ciudadanos de Cataluña, ya que tres de cada cuatro ciudadanos de Barcelona y el área metropolitana se muestran favorables a una regulación que permita la convivencia del taxi y la VTC.
Miles de despidos
Las restricciones impuestas en este Decreto Ley, asegura, provocarán que miles de profesionales pierdan sus puestos de trabajo en los próximos meses, con las consecuencias sociales y económicas que esto tendrá en Barcelona, en particular, y en Cataluña en general. Todo ello en un contexto en el que se aprecia una clara escasez del transporte discrecional para absorber las necesidades de movilidad de ciudadanos, empresas y turistas. La empresa de movilidad explica que no quieren «expulsar a nadie ni limitar su capacidad, sino construir una movilidad inclusiva, donde todas las opciones posibles convivan para desincentivar el uso del coche particular y que convivan pacíficamente, como ha sucedido en los últimos años».
Asimismo, explica que la nueva normativa va en contra de Europa y su modelo de regulación eficiente y sostenible. En este sentido, la Comisión Europea apuesta por una convergencia en la regulación entre el taxi y las VTC y solicita eliminar reglas obsoletas que perjudican los objetivos ambientales de la Unión Europea, como el retorno a la base o tiempos de espera obligatorios en la precontratación, que suponen trabas artificiales e innecesarias para que los ciudadanos puedan utilizar este servicio de forma eficiente. Igualmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y diversos Tribunales Superiores de Justicia, como el del País Vasco, han declarado estas limitaciones contrarias a derecho.
Tamaño mínimo: 4,9 metros
Indica Cabify que la normativa catalana aprueba restricciones que no aportan ningún beneficio al interés general de la ciudad ni del ciudadano. Uno de las más relevantes es la exigencia de un tamaño mínimo de los vehículos adscritos a las licencias de 4,90 metros, además de la etiqueta ECO o Cero. Dicha limitación también va en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea, que se opone a que haya obligación de que los vehículos VTC deban tener unas medidas determinadas, y aboga por coches más pequeños, accesibles y ecológicos que redunden en una mejor calidad del aire para los ciudadanos, alentando además el apoyo financiero y administrativo por parte de los reguladores para dicha transición.
Se trata, pues, de un «requisito oxímoron», ya que los vehículos menos contaminantes (ECO o Cero) suelen contar con un tamaño menor, precisamente para ser más eficientes debido a su menor peso y consumo. Como muestra de la dificultad para adaptar la operativa a la regulación, actualmente, más del 70% de los coches conectados a la plataforma de Cabify en Barcelona son ECO o Cero. Sin embargo, menos del 1% de estos vehículos mide más de 4,90 metros. Las tendencias de mercado apuestan por la eficiencia energética de los nuevos modelos y, como consecuencia, la escasez de coches que cumplan los requisitos impuestos por la Generalitat supone una barrera que imposibilita una transición ordenada.
Cabify afirma que cree «firmemente que la competencia motiva que todos los jugadores de una industria mejoren sus servicios, mientras que situaciones de monopolio en el transporte, como parece defender la Generalitat con esta regulación, provocan una falta de incentivos que redunda, precisamente, en un peor servicio para el ciudadano».