El vacío legal existente en las normativas de movilidad locales y autonómicas y la falta de regulaciones con respecto a la actividad está siendo aprovechado por las compañías del sector de las VTC para implantar su modelo de negocio en distintas ciudades de España.
Del mismo modo que en su día el Ministerio de Transportes reaccionó al conflicto entre los servicios de taxi y los de VTC trasladando el problema a las Administraciones autonómicas para que fueras estas quienes legislaran al respecto en busca de soluciones, las comunidades autónomas en su mayoría han “pasado la pelota” a las Administraciones locales para que sean ellas las que regulen las condiciones en las que estos servicios deben realizar su actividad.
Desidia regulatoria en los ayuntamientos
Sin embargo, hasta la fecha son muy pocos —por no decir ninguno— los ayuntamientos que han llevado a cabo tal encomienda. Es el caso, por ejemplo, de la situación que se viene dando en la comunidad autónoma de Galicia, donde la Xunta “sacó adelante una ley que dice que son los ayuntamientos los que tienen que regular los VTC y dar autorizaciones municipales” para que estos desarrollen su actividad.
Pese a ello, “ningún ayuntamiento ha hecho nada y la ley aprobada por la Xunta ya tiene más de tres años de antigüedad”. Un período que ha generado un auténtico “vacío legal” en aquellos consistorios que no han desarrollado tal regulación, el cual está siendo aprovechado por las compañías del sector de las VTC para implantar sus servicios a nivel local en muchas ciudades.
Lo que no esta prohibido, está permitido
”Si no está prohibido, está permitido” . Bajo este concepto, las operadoras de servicios de VTC están aprovechando la ausencia de regulación sobre sus servicios de transporte con conductor, dado que no se enfrentan a “ninguna sanción por parte de los ayuntamientos ni nada” que por el momento pueda prohibir su actividad en los municipios. Esto ha permitido que, al menos de momento, la actividad de Uber se esté llevando a cabo en ciudades como La Coruña o Vigo.
Aun así, y pese a la desidia en su labor regulatoria, hay ciudades como Vigo en las que sus autoridades locales “están poniendo un montón de sanciones” a los vehículos VTC que ya operan en sus calles, “pero empresas como Uber están recurriendo todas”, porque básicamente “nadie ha llevado a cabo en dichas ciudades la labor de regulación que pidió en su día la Xunta”, vacío que han aprovechado las operadoras del sector para introducirse.
«No nos pueden multar»
“Nos van a enfilar, pero no nos pueden multar”, afirman fuentes del sector de las VTC, pero para “cuando digan que nos van a regular, pues ya estaremos dentro por la vía de los hechos consumados”. Es decir, para cuando los ayuntamientos decidan cumplir el mandato de la Xunta, las empresas del sector ya habrán demostrado que su presencia en las calles es necesaria para el correcto funcionamiento de los distintos servicios del transporte local.
“Si vamos a una ciudad es porque hay demanda” de este tipo de servicios, indican desde Uber, y el hecho de que su actividad haya entrado y tenga una buena acogida por parte de los usuarios y clientes, es “una clara muestra de que la demanda de este tipo de servicios realmente existe”.
Ahora, en aquellas ciudades en las que los servicios de las operadoras de VTC ya están activos, sus respectivos ayuntamientos “ya están diciendo que van a tramitar de manera urgente las nuevas ordenanzas que regulan su actividad”. Desde el sector de las VTC ya se ha solicitado a los servicios municipales encargados de la elaboración de dichas regulaciones que “no lleven a cabo una legislación a la catalana, sino que la hagan a la madrileña”, pues de esa manera evitarán el que el conflicto con el sector del taxi permanezca latente y de manera creciente en sus calles.
Más de 6.000 puestos de trabajo en riesgo sólo en Cataluña
Este es un dato relevante, pues en Cataluña, donde se han puesto trabas continuas a la labor de las VTC hasta llevarlas prácticamente al borde de la desaparición, lo que se está consiguiendo es que se pierdan miles de puestos de trabajo y que muchos empleos del sector estén actualmente pendientes de un hilo para su completa desaparición.
Desde Unauto, patronal del sector de las VTC, se recuerda que las trabas puestas al sector en las localidades de Cataluña pueden hacer que se pierdan más de 6.000 empleos. Además, también recuerdan las “crecientes dificultades que en ciudades como Barcelona hay para poder coger un taxi, porque estos no son capaces de dar respuesta a las demandas de los usuarios, especialmente en horas punta o zonas de alta demanda de servicios de coche con conductor.
Bolt también apuesta por las ciudades pequeñas
Otra de las empresas del sector de las VTC, Bolt, también se plantea en su planificación estratégica del negocio entrar a competir con otros servicios de movilidad en ciudades de menos de 300.000 habitantes en España. Tras su reciente desembarco en ciudades como La Coruña y Toledo, la compañía planea ahora introducirse en otras ciudades españolas de similar tamaño para aprovechar la actual situación de vacío legal que se vive en ellas respecto a las normativas aplicables a este sector.
Bolt también querría aprovechar que, precisamente, a estas ciudades de menor tamaño, el modelo de negocio de su grandes rivales en el mercado, Uber y Cabify, aún no ha llegado para lograr así alcanzar un mejor posicionamiento a nivel local en dichos mercados. Bolt es el tercer gran operador de servicios VTC a escala nacional en España.