Quince asociaciones de automoción españolas han advertido de las nefastas consecuencias sociales y económicas que puede tener prohibir el motor de combustión para el empleo y para la movilidad, especialmente a las rentas más bajas y a los colectivos más vulnerables.
La propuesta de la Comisión Europea del «Reglamento de estándares de eficiencia de vehículos ligeros», incluida en el paquete legislativo Fit for 55, contempla el objetivo de reducir el 100% de emisiones de CO2 de turismos y furgonetas para 2035, lo que de facto supone prohibir la venta de vehículos con motor de combustión interna.
Ante esta situación, un conjunto de asociaciones de automoción, estaciones de servicio, transporte y distribución y producción de carburantes ha reivindicado su compromiso con la descarbonización de la economía, la reducción de emisiones del transporte y la lucha contra el cambio climático, pero reclaman al mismo tiempo una transición energética más accesible, justa e inclusiva, que tenga en cuenta a todos los sectores y todos los colectivos y que incluya los combustibles líquidos y renovables de bajas o nulas emisiones.
Pérdida de empleo
En una carta y un manifiesto dirigidos al Gobierno y distintos ministerios, las 15 asociaciones advierten que apostar por una única opción tecnológica e impedir el desarrollo de otras opciones, como los ecocombustibles, agravará la pérdida de puestos de trabajo en las cadenas de valor de la automoción y del suministro energético por carretera en toda la Unión Europea.
Asimismo, señalan la dificultad que supone asumir los costes de la renovación acelerada de infraestructuras y vehículos sin ninguna opción que permita amortiguar este impacto, como la que significaría el desarrollo de los ecocombustibles para reducir las emisiones de los actuales motores de combustión, y advierten de las dificultades que tendrán que afrontar las rentas más bajas, los colectivos más vulnerables o las zonas rurales.
Sobre los ecocombustibles, subrayan que son una alternativa que permite reducir las emisiones de CO2 de forma inmediata y masiva gracias a su compatibilidad con el parque móvil y las infraestructuras existentes, y concluyen que establecer restricciones tecnológicas deriva también en un retraso en la consecución de los objetivos climáticos, además de una pérdida de eficiencia en el proceso de transición energética.
Las asociaciones firmantes
Firman la carta y el manifiesto ACE (Asociación de Cargadores de España), Aevecar (Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles), AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos), APPA Biocarburantes (Asociación de Empresas de Energías Renovables), Astic (Asociación de Transporte Internacional por Carretera), ATliq (Asociación de Terminales de Líquidos), Bio-e (Asociación Española del Bioetanol), Ceees (Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio), CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías), Codigasoil (Confederación Nacional de Distribuidores de Gasóleo), Confebus (Confederación Española de Transporte en Autobús), Ewaba (European Waste-based & Advanced Biofuels Association), Fedeport (Federación Canaria de Empresas Portuarias), Sernauto (Asociación Española de Proveedores de Automoción) y UPI (Unión de Petroleros Independientes).