La electrificación de las flotas corporativas continúa avanzando a un ritmo inferior al esperado en España. Según un nuevo análisis elaborado por Transport & Environment (T&E), nuestro país forma parte del grupo de grandes mercados europeos que todavía no han desarrollado una fiscalidad suficientemente favorable para impulsar de forma decidida la sustitución de vehículos de combustión por modelos eléctricos dentro de las empresas.
La organización advierte de que esta situación no solo ralentiza la descarbonización del transporte, sino que también mantiene la dependencia europea del petróleo importado en un momento especialmente sensible para la economía y la competitividad del continente.
El informe concluye que España se encuentra entre los 18 Estados miembros de la Unión Europea donde la carga fiscal que soporta un vehículo eléctrico y uno de combustión no compensa el mayor coste inicial de adquisición de los modelos cero emisiones. Una circunstancia que, según T&E, explica en buena medida el escaso peso que todavía tienen los eléctricos en las matriculaciones corporativas españolas.
Las flotas, clave para acelerar la transición
El mercado empresarial desempeña un papel estratégico en la transformación del parque automovilístico. En España, el 53% de las matriculaciones de turismos nuevos corresponde a empresas, compañías de renting y operadores de flotas, lo que convierte a este canal en el principal motor potencial para acelerar la adopción de tecnologías electrificadas.
Además, según los datos manejados por T&E, la utilización que las empresas hacen de los turismos vinculados a las flotas corporativos es la responsable del 75% del petróleo importado consumido por los vehículos nuevos de combustión que se incorporan cada año al parque español.
En este mismo sentido, la relevancia del canal de empresas adquiere todavía mayor importancia si se tiene en cuenta el creciente peso que el renting sigue ganando en el mercado nacional del automóvil. El estudio también pone de relieve cómo la mayor parte de los vehículos corporativos pasan posteriormente al mercado de ocasión tras finalizar sus contratos, contribuyendo así a democratizar el acceso a nuevas tecnologías y a acelerar la renovación del parque automovilístico.
Por este motivo, desde T&E se destaca cómo cualquier medida fiscal que permita impulsar la electrificación de las flotas tendría un efecto multiplicador sobre el conjunto del mercado.
España, lejos de los países más avanzados
Mientras países como Bélgica, Portugal o Francia han reformado durante los últimos años su fiscalidad para favorecer claramente la adquisición de vehículos eléctricos por parte de las empresas, en el caso de España mantiene un marco tributario que apenas establece diferencias entre tecnologías para el conjunto del mercado y menos aún en el caso de las adquiridas para las flotas corporativas.
Y lo peor es que las consecuencias de este inmovilismo fiscal ya son claramente visibles en las matriculaciones corporativas. Según el estudio de T&E, la cuota que representan los vehículos eléctricos en las flotas empresariales españolas apenas alcanza el 7,1%, porcentaje muy lejano al del 24,7% que se registra en nuestro vecino Portugal, país que si ha implantado atractivos incentivos fiscales específicos.
El caso de Bélgica también se ha convertido desde el punto de vista fiscal en una de las referencias para las políticas económicas de la UE en Bruselas. Tras la reforma aprobada en 2021, la cuota de matriculaciones eléctricas corporativas en el citado país pasó del 8,8% al 54,2% en apenas cuatro años.
Por su parte, Francia también ha logrado acelerar la electrificación de sus flotas tras introducir modificaciones fiscales en 2024 y 2025, alcanzando una penetración récord del 41,3% durante el pasado mes de marzo.
El renting observa con atención una posible reforma
Para el sector del renting, una revisión de la fiscalidad podría convertirse en uno de los principales catalizadores del mercado eléctrico en los próximos años.
Las compañías especializadas del sector ya llevan tiempo alertando a los gestores de flotas que los costes totales de propiedad (TCO) de muchos vehículos eléctricos ya resultan plenamente competitivos frente al de modelos equivalentes dotados con motores tradicionales de combustión, especialmente en el caso de aquellas flotas cuyos vehículos realizan elevados rangos de kilometrajes anuales. Sin embargo, los operadores de servicios de renting también destacan cómo la falta de incentivos fiscales reduce parte de esa ventaja económica inicial y ralentiza las decisiones de renovación.
El informe T&E destaca que “los Estados miembros pueden reformar su fiscalidad para ampliar la diferencia entre motorizaciones y aumentar los incentivos para que las empresas matriculen vehículos eléctricos. Bélgica lo hizo en 2021 y las matriculaciones corporativas de eléctricos pasaron del 8,8 % en 2021 al 54,2 % en 2025. Francia también introdujo reformas en 2024 y 2025, alcanzando un récord del 41,3 % en marzo de 2026.
En cambio, grandes mercados como España, Alemania, Italia y Polonia aún no han reformado su fiscalidad para que la ventaja fiscal supere el sobreprecio del vehículo eléctrico. En España, esto se refleja en una cuota corporativa eléctrica de solo 7,1 %, frente al 24,7 % de Portugal, que sí ha reformado su fiscalidad.
Según T&E, actualmente un vehículo de gasolina utilizado por una empresa en España sigue obteniendo una ventaja fiscal neta estimada en 770 euros durante su periodo habitual de utilización corporativa, gracias a la combinación de una baja tributación, deducciones de IVA y amortizaciones fiscales.
«En un momento en el que la UE necesita reducir su dependencia del petróleo, los gobiernos de algunos de los principales mercados automovilísticos de la UE, incluyendo España, no están incentivando a las empresas para que se pasen a la movilidad eléctrica», comenta Isabell Büschel, directora de T&E en España.
Para Büschell, «el Reglamento de la UE sobre flotas es el catalizador indicado para romper esta inercia. El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo deberían dotar de mayor ambición a la propuesta de la Comisión para garantizar que Europa pueda reducir rápidamente sus importaciones de petróleo».
Los datos son ciertamente significativos, pues casi la mitad (13) de los Estados miembros de la UE siguen concediendo ventajas fiscales a los coches de gasolina durante sus cuatro años de propiedad corporativa. España es uno de ellos: debido a su baja fiscalidad en los impuestos de adquisición y propiedad, junto con los beneficios obtenidos a través de las deducciones del IVA y las deducciones por amortización fiscal, un vehículo de gasolina de empresa recibe una ventaja neta de 770 €. En Alemania, donde se matricula el 28 % de todos los nuevos coches de empresa de combustión fósil de la UE, esta subvención llega hasta los 10.000 €. El contraste con otros países es claro, en Francia los coches de gasolina de empresa pagan 25.000 € en impuestos, mientras que en Dinamarca —líder en la clasificación de la brecha fiscal— pagan 37.000 €.
Como consecuencia, varios grandes mercados automovilísticos siguen impulsando la dependencia del bloque respecto al suministro de petróleo [6]. Mientras que las empresas alemanas reciben una subvención de 0,5 € por cada litro de gasolina que consumen sus vehículos, en Francia pagan 10,3 €.
Y también existen importantes diferencias regionales: en el suroeste de Europa, las empresas en pagan en países como Portugal 4,50 € en concepto de impuestos por cada litro de gasolina, frente a los apenas 1,20 € que pagamos en España. En Eslovenia, el mejor ejemplo de Europa del Este, las empresas pagan 2,10 € en impuestos por cada litro de gasolina, mientras que en Polonia apenas les cuesta 0,40 €.
Además, la situación española contrasta con la de otros mercados europeos, como es el caso de los de Francia o Dinamarca, donde los vehículos corporativos de combustión soportan una presión fiscal significativamente más elevada para favorecer la transición hacia tecnologías de cero emisiones.
Bruselas pone el foco en las grandes flotas
El debate cobra especial relevancia tras la propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado diciembre sobre el futuro Reglamento de Flotas Corporativas Limpias.
La iniciativa plantea objetivos nacionales de electrificación para los vehículos de las grandes empresas, estableciendo que en 2030 una media del 45 % de las nuevas incorporaciones a las flotas europeas sean vehículos eléctricos puros. En el caso de España, la propuesta fija como referencia una cuota del 36 % para turismos y del 29 % para vehículos comerciales ligeros.
Una de las particularidades del reglamento es que la responsabilidad de alcanzar dichos objetivos recaería en los Estados miembros y no directamente en las empresas, obligando a los gobiernos a desarrollar medidas fiscales y regulatorias capaces de impulsar el cambio tecnológico.
Dependencia energética y competitividad
Más allá de la descarbonización, T&E vincula directamente la electrificación de las flotas con la seguridad energética europea. La organización recuerda que el transporte por carretera continúa siendo uno de los principales consumidores de petróleo importado y considera que mantener ventajas fiscales para los vehículos de gasolina y diésel prolonga innecesariamente la dependencia de la Unión Europea respecto a los países productores de crudo.
Desde la perspectiva empresarial, la electrificación también aparece cada vez más ligada a la competitividad y a las estrategias ESG de las compañías. Reducir costes energéticos, minimizar emisiones y cumplir con los futuros requisitos regulatorios europeos son factores que ya forman parte de las decisiones de compra de numerosas flotas.
Sin embargo, el estudio concluye que sin una reforma fiscal más ambiciosa, España corre el riesgo de quedarse rezagada respecto a otros mercados europeos que ya han convertido los incentivos fiscales en una de las principales herramientas para acelerar la renovación de sus parques corporativos y de renting.
Para la directora de T&E en España, Isabel Büschel, «resulta desconcertante que, en casi la mitad de los países de la UE, los gobiernos sigan concediendo subvenciones a las empresas para que utilicen vehículos de gasolina o diésel. Los legisladores y los Estados miembros deben defender la disposición según la cual solo se pueden conceder beneficios económicos a los vehículos de empresa cuando estos sean 100% eléctricos y se hayan fabricado en Europa. De esta forma — afirma Büschel— , creamos empleo a nivel local, reducimos las importaciones de petróleo y salvaguardamos el futuro de la industria automovilística europea».