El abono a España por parte de la Unión Europea del quinto tramo de los pagos de los fondos establecidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia de la UE (23.900 millones de euros comprometidos, 8.000 en subvenciones directas y 16.000 en prestamos por diversos conceptos) comienza a verse comprometido por el incumplimiento que el Gobierno español está llevando a cabo de determinados compromisos adquiridos.
En concreto, España ha incumplido con varias de sus promesa a la Unión Europea: la subida fiscal que tenía que haber aplicado ya sobre los combustibles diésel, y las inversiones que a estas alturas ya debería haber realizado para digitalizar las entidades regionales y locales, así como la temporalidad laboral de los trabajadores.
Así, según han comunicado fuentes del Ministerio de Economía, más de 1.100 millones de euros procedente de dichos fondos estarán en suspenso hasta que el Gobierno active las medidas necesarias que permitan que nuestro país cumpla con las promesas reiteradas que en su día el Gobierno español en sus compromisos con la Comisión Europea.
Plazo adicional para recuperar fondos bloqueados
La UE ha abierto un plazo adicional para que nuestro país complete los procesos pendientes para completar dichos temas, un plazo durante el cual, irá recibiendo de manera parcial los pagos comprometidos por la UE en el Plan de Recuperación y Resiliencia, si bien estos pagos se irán produciendo a medida que España vaya cumpliendo y completando los mismos.
Para el desembolso del quinto tramo de los abonos (equivalente a unos 1.100 millones de euros), España debería haber acometido una reforma fiscal que debería contemplar una subida de los impuestos que se pagan sobre el diésel, si bien esta medida no dispuso de los apoyos suficientes para su aprobación cuando el Gobierno sometió la norma a las Cortes españolas. Y el Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido capaz, desde entonces, de recabar los apoyos suficientes del resto de fuerzas políticas presentes en el hemiciclo para sacar adelante esta cuestión.
Sin acuerdo en el parlamento
El pasado mes de junio, el ministro de Economía Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo ya aseveró que en el caso de que la evaluación de la Comisión Europea respecto del grado de cumplimiento de ambos temas se produjera durante el presente mes de julio, cuando esta aún no hubiera sido aprobada por el Congreso español, y el Gobierno aún no hubiera alcanzado un acuerdo en el parlamento español para la aprobación de la subida del impuesto a los hidrocarburos, su departamento seguiría trabajando “en paralelo” para avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos para poder recibir a plena satisfacción los fondos ahora paralizados por la UE.
Así pues, España sigue incumpliendo los planes aprobados, algo semejante a los que ya nos sucedió con los programas establecidos a los que en su día nos habíamos comprometido para poder recibir de manera íntegra con los pagos establecidos en la cuarta entrega de los Fondos europeos. Un momento en el que desde Bruselas la Comisión Europea decidió en aquel momento la congelación de 158 millones de los 10.000 millones de euros que se contemplaban en el cuarto plazo de las entregas monetarias por parte de la UE a España.
No es la primera vez que pasa
La causa de dicha congelación en las entregas fueron las deficiencias que la Comisión Europea encontró en la aplicación de uno de los objetivos asociados a la cuarta entrega, razón por la que en España sólo se recibió un pago parcial de los fondos comprometidos, si bien en su última comunicación al respecto, la CE ya ha comunicado su decisión de desbloquear esos 158 millones congelados y liberar su pago a nuestro país como parte del quinto desembolso de los fondos, una vez constatado que los compromisos objetivos de nuestro país se han cumplido con éxito.
En todo caso, tanto el sector del transporte como los usuarios de vehículos diésel en nuestro país deben contemplar que en breve plazo, el Gobierno español se verá forzado a tener que aplicar nuevos impuestos sobre los costos fiscales que los combustibles diesel soportan en nuestro país. Una medida con la que, en su día, el Gobierno de Pedro Sánchez trató de convencer a la UE para evitar la subida de los peajes a la que se había comprometido y sobre la que mintió claramente a todos los españoles en su programa electoral de las últimas elecciones.