El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha lanzado a audiencia la propuesta de Plan Social para el Clima, que incluiría importantes paquetes de ayudas económicas encaminados a potenciar la sostenibilidad de las flotas de las empresas más pequeñas y de los trabajadores autónomos. En total, el Ejecutivo destinará a tal fin 1.488 millones de euros.
Por un lado, se pondrá en marcha un plan dotado con 846,2 millones de euros, destinado a que las empresas de hasta nueve empleados y con una facturación anual de menos de dos millones de euros reduzcan las emisiones de CO2 de su flota de vehículos medios y pesados. Así pues, deberán estar encuadrados en las categorías M2 y M3, es decir, a partir de nueve plazas (contando la del conductor), o N2 y N3, lo que implica a los que superen las 3,5 toneladas.
Según el documento de 117 páginas, consultado por La Tribuna de Automoción, el paquete para la descarbonización del transporte por carretera, denominado Medida 6 (C2.M6), incluye cinco programas que se irán articulando entre 2027 y 2032. Entre ellos, se busca el achatarramiento de vehículos antiguos, la adquisición de unidades cero emisiones —algo que ya había adelantado el Ministerio de Transportes el 9 de abril de 2025—, y la implantación de puntos de recarga, aunque en el documento no se especifica la cifra que se destinará a cada uno de ellos.
La primera medida, hace referencia a la «adquisición, renting o leasing de vehículos pesados de cero emisiones», destinados al transporte de viajeros o mercancías. En este punto, la clave es que el borrador hecho público por el Gobierno establece subvencionar «la diferencia de precio entre el vehículo de cero emisiones con respecto al vehículo similar convencional (en este caso, diésel)».
El texto, que afirma que «financiar un gran porcentaje de los costes subvencionables es la única manera real de poder tener cierto éxito en las convocatorias de ayudas para la adquisición de vehículos de cero emisiones para estas microempresas de transporte pesado», cifra en una diferencia de 150.000 euros en los autobuses y de 300.000 en los camiones. No obstante, aclara que «se incluirá en la convocatoria unas tablas con cuantías máximas por categoría y tecnología del vehículo». El criterio de intentar enjugar la diferencia entre el precio de un eléctrico y un vehículo de combustión, también se tendrá en cuenta en caso de arrendamiento.
Se contempla la infraestructura de recarga
El segundo programa contará con 400 millones de euros y hace referencia a la «implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en las instalaciones de las microempresas». Estas ayudas, según se explica, se otorgarán por potencia y no por el número de conectores de ese punto de carga. Además, tendrán que ser como mínimo de 22,5 kW, hasta un máximo de 350 kW.
Las microempresas podrán recibir estos incentivos de manera independiente a las subvenciones por la compra de un vehículo, pero si se presenta de forma conjunta recibirán más puntuación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque las ayudas se facilitarán por concurrencia competitiva.
La tercera pata relevante son las ayudas destinadas al achatarramiento de vehículos. En concreto, «las ayudas consistirán en la retirada y achatarramiento de vehículos pesados adscritos a una autorización de transporte, pertenecientes a una microempresa, matriculados por primera vez en España con anterioridad al 1 de enero de 2020 y con un estándar EURO VI-C o anterior».
642 millones para eléctricos ligeros
El segundo paquete tendría como objetivo a los vehículos ligeros de propulsión eléctrica. Este programa de ayudas estará respaldado por una inversión de 642 millones de euros para incentivar, entre los años 2026 y 2032, la compra de turismos (M1), furgonetas (N1) y vehículos de dos ruedas (L3, L4 y L5) por parte de microempresas, de hasta nueve empleados con una facturación anual de menos de dos millones, y autónomos, que realicen transporte de mercancías o viajeros en España.
Esta medida «se enfoca en los segmentos profesionales de transporte de viajeros (taxi, VTC), transporte de mercancías y paquetería, y operadores logísticos de última milla». El fin es compensar la diferencia de precio que hay entre el coche de combustión y el eléctrico, con incentivos del 100% de la misma.
Y servirá solo para la adquisición de vehículos eléctricos puros, con la intención de «incorporar las mejores prácticas europeas (Francia, Portugal y Suecia), adaptadas al contexto nacional y al marco regulador europeo». Asimismo, se optará a las subvenciones por concurrencia competitiva, es decir, no se entregarán por orden de llegada, sino a las consigan más puntos, en función de unos baremos.
También se establecerá un programa para la «implantación de infraestructura de recarga vinculada de vehículos eléctricos». No obstante, esta iniciativa, que contará con un presupuesto de 400 millones de euros, ya se recoge en la medida por la cual se trata de incentivar la compra de transporte pesado cero emisiones de pasajeros y mercancía.