La Asociación del Vehículo Compartido en España (AVCE) quiere que 2027 marque el inicio de una nueva etapa de avance para los servicios de carsharing profesional en toda España , pero considera que su desarrollo no depende únicamente de que las empresas del sector amplíen sus flotas e implementen sus esfuerzos por captar un mayor número de usuarios.
Entre otras medidas, la AVCE reclama a las distintas administraciones más armonización normativa, una mayor colaboración entre administraciones y el refuerzo de las infraestructuras de aparcamiento y recarga para poder consolidar estos servicios de movilidad compartida e integrarlos mejor en el transporte urbano.
Tales reivindicaciones fueron las que centraron la jornada profesional «Movilidad Compartida 2026: avances y decisiones para 2027», celebrada ayer, 22 de octubre, en la sede de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. El encuentro reunió a representantes institucionales, operadores y expertos de movilidad para analizar tanto las necesidades actuales del vehículo compartido como las oportunidades vinculadas a la eficiencia energética y la conducción automatizada.
La agenda de la AVCE para el próximo ejercicio combina cuestiones regulatorias inmediatas con el desarrollo de nuevos usos. Entre sus prioridades se encuentran avanzar en el Registro Regional de Operadores de la Comunidad de Madrid, reforzar la colaboración con los municipios, resolver cuestiones pendientes para reconocer el ahorro energético mediante los Certificados de Ahorro Energético (CAE) y definir las posibles nuevas aplicaciones de la movilidad automatizada.
Un mercado de casi cuatro millones de viajes
El III Barómetro del Carsharing, presentado por la AVCE recientemente, ofrece la dimensión de la actividad que busca consolidar la asociación. Las empresas participantes gestionaron en 2025 una flota de 3.664 vehículos, con la que realizaron 3.938.747 viajes, 40.610 más que en 2024. La facturación conjunta superó los 22,7 millones de euros y los desplazamientos acumularon cerca de 50 millones de kilómetros.
Uno de los indicadores destacados del informe es la utilización de sus vehículos. Cada unidad de carsharing registró una media de 3,15 usos diarios, frente a los 0,92 de un automóvil privado en entorno urbano. El aprovechamiento de los mismos llega a ser considerablemente mayor en determinadas zonas con una implantación consolidada del servicio. Así lo demuestra el hecho de que algunas unidades que hayan alcanzado incluso los 19 alquileres en una única jornada.
El barómetro también apunta a la complementariedad de los servicios de carsharing con otros medios de transporte: el 62,2% de los usuarios combina habitualmente el uso de vehículos compartidos de carsharing con el transporte público. Además, el 14,6% de los usuarios afirma haber renunciado a comprar un automóvil gracias a la disponibilidad de estos servicios, y otro 9% asegura haberse desprendido de un vehículo en propiedad por esta misma razón. Son datos que respaldan la contribución potencial del modelo a una movilidad más flexible, aunque no eliminan la necesidad de evaluar su implantación y utilización en cada ciudad.
Seguridad jurídica e intermodalidad
Durante la jornada, el director general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel Torres, abordó la importancia de la certidumbre normativa, la intermodalidad y la coordinación con los operadores. En este contexto, Alicia Romero Nieto, responsable de Movilidad de la Administración regional, expuso el desarrollo del futuro Registro Regional de Operadores, una iniciativa llamada a aportar mayor claridad y transparencia al funcionamiento de estos servicios y de sus empresas.
La infraestructura constituye otro de los asuntos pendientes. AVCE reclama más colaboración entre administraciones y mejores condiciones de aparcamiento y recarga en nodos intermodales, para facilitar que el vehículo compartido conecte con otros medios de transporte en lugar de funcionar como una alternativa aislada.
El programa incluyó asimismo una intervención del periodista de Capital Radio Chimo Ortega sobre las diferencias jurídicas entre el carsharing profesional y el carpooling en el marco de la Ley 9/2025. La distinción resulta relevante para delimitar las condiciones de prestación de ambos modelos y evitar que servicios con características diferentes reciban un tratamiento normativo inadecuado. Ortega también destacó la especial importancia que tiene dar a conocer el “lenguaje del sector”, explicando y normalizando los nombres de los distintos servicios que el mismo ofrece al tiempo que hacer que estos sean más y mejor conocidos por parte de todos los usuarios.
Los CAE y las flotas automatizadas, en el horizonte
La eficiencia energética ocupó otro de los bloques de la jornada. Ana Fernández Román, directora de Eficiencia Energética de Repsol, analizó las posibilidades de monetizar el ahorro energético de las flotas compartidas mediante el sistema de Certificados de Ahorro Energético del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Para la AVCE, el reconocimiento de ese ahorro es una importante cuestión pendiente que podría contribuir a reforzar la viabilidad económica del modelo. El III Barómetro cifra en 6.310 toneladas las emisiones de CO₂ que la flota eléctrica representada por la asociación evitó durante 2025. La materialización de ese potencial en incentivos concretos, no obstante, dependerá en todo caso de las condiciones y los procedimientos aplicables al sistema de CAE.
La jornada también miró más allá de la operativa actual. En una mesa moderada por Pablo Campos-Ansó, presidente de AVCE y fundador de Guppy, Susana Gómez, subdirectora general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid; Enrique Gavilanes, director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de La Mutua; y Aitor Fernández, presidente de la Asociación Española del Vehículo Autónomo Conectado (AEVAC), analizaron el importante papel que pueden desempeñar las flotas compartidas en el desarrollo de la conducción automatizada.
A tenor de sus intervenciones, la propuesta a realizar pasa por explorar casos de uso y entornos controlados de prueba, con una gestión segura de los riesgos y un marco regulatorio que delimite las competencias de las distintas administraciones. La automatización se plantea así como una línea de trabajo de futuro, no como el anuncio de nuevos servicios comerciales ya autorizados.
Igualmente, la accesibilidad universal a estos servicios también formó parte del debate, con especial atención a las personas con discapacidad, de movilidad reducida y a quienes no disponen de permiso de conducir. Aitor Fernández destacó el notable éxito que las aplicaciones ya activas en otros países de este tipo de servicios están alcanzando entre las personas de movilidad reducida. Para AVCE, el reto consiste en que la evolución tecnológica y la expansión del carsharing se traduzcan en servicios más accesibles, conectados y útiles para los desplazamientos cotidianos.
En la clausura de la jornada, Campos-Ansó situó entre las prioridades de la asociación para 2027 avanzar en la creación del registro de operadores, impulsar la cooperación municipal, resolver las cuestiones pendientes sobre los CAE y concretar aplicaciones para la movilidad automatizada. Todo ello con un mismo objetivo: convertir las demandas del sector en avances regulatorios y operativos que acompañen la consolidación de un mercado que ya roza los cuatro millones de viajes anuales.