El Parlamento Europeo (PE) se está preparando estas semanas para debatir sobre los posibles cambios en los objetivos de electrificación de las flotas corporativas. Después de que la Comisión Europea (CE) diera el visto bueno a este reglamento, las comisiones del PE de Medio Ambiente y Transporte votarán las modificaciones sobre el mismo el próximo 4 de noviembre.
Actualmente, la propuesta de la CE contempla que para 2030, un 69% de turismos de empresas sean cero y bajas emisiones en el conjunto de la UE, de las cuales al menos el 45% del total corresponda a vehículos completamente cero emisiones. Asimismo, establece objetivos diferentes para cada Estado miembro. En el caso de España, fija una cuota mínima del 36% para coches y del 29% para los comerciales ligeros.
Estas medidas afectarán solo a las calificadas como grandes entidades, aquellas que superen al menos dos de los siguientes criterios: tener más de 250 empleados, facturar más de 50 millones de euros anuales o contar con un balance total superior a los 25 millones.
Tras cerrarse el plazo de presentación de propuestas el pasado 16 de octubre, los eurodiputados deberán cribar 560 enmiendas que buscan endurecer, suavizar o incluso tumbar la propuesta de la Comisión Europea para obligar a las grandes compañías a matricular vehículos de cero emisiones. Esta cita será la antesala del debate y votación en el pleno del Parlamento Europeo previsto para el 23 de noviembre.
Endurecer las medidas
Los grupos de los socialistas, los verdes y Eurocities consideran que la propuesta original de la Comisión Europea corre el riesgo de quedarse por detrás de lo que el propio mercado ya está logrando espontáneamente. Por ello han propuesto que para 2035 se elimine por completo la categoría de vehículos de bajas emisiones (ZLEV) de los objetivos. Esto significa que tecnologías intermedias como los híbridos enchufables quedarían fuera, obligando a las empresas a adquirir flotas 100% eléctricas de batería o de hidrógeno.
Además, exigen elevar la meta comunitaria de turismos limpios del 69% inicial al 70%, pero blindando que al menos el 54% o 55% sean estrictamente cero emisiones (frente al 45% que sugería la Comisión). También, adelantar la cláusula de revisión del reglamento al año 2030 (estaba prevista para 2032) para incluir también a los camiones pesados y autobuses en el mandato vinculante.
Suavizar las restricciones
Por su parte, los partidos de centro-derecha y conservadores, junto con el sector del renting, argumentan que las obligaciones rígidas crean una burocracia inasumible y amenazan la competitividad de las empresas. Por ello, han presentado enmiendas para eliminar las tablas de objetivos obligatorios fijadas en el anexo, intentando transformar la ley en un marco de recomendaciones voluntarias basadas en incentivos y no en multas.
Otras propuestas buscan sacar del ámbito de aplicación a las firmas de renting y de alquiler a corto plazo, argumentando que ellas no controlan el uso final que le da el cliente y que el mercado de segunda mano se resentirá si se les imponen cuotas.
Pacto franco-alemán
Después del reciente acuerdo provisional alcanzado entre Francia y Alemania, se han introducido enmiendas para ampliar la definición de Made in Europe. El objetivo es suavizar las exigencias proteccionistas originales para incluir a socios comerciales clave no pertenecientes a la UE, específicamente permitiendo que los vehículos fabricados en el Reino Unido puedan recibir las ayudas públicas de las flotas comunitarias. Con esto buscan proteger las cadenas de suministro hiperconectadas del continente frente a la competencia de los fabricantes chinos.