El sector del transporte público urbano y metropolitano reclama un modelo estable de financiación para poder afrontar su transformación a la descarbonización, un proceso que le va a exigir renovar más de 8.000 vehículos, ampliar el número de unidades presentes en sus flotas y asumir un incremento del 44% de los costes operativos. Un autobús eléctrico cuesta de media 550.000 euros, el doble que uno de combustión.
El transporte público urbano y metropolitano español afronta una transformación sin precedentes. La necesidad de absorber el crecimiento previsto de la demanda, renovar las flotas y, sobre todo, cumplir con los objetivos europeos y nacionales previstos en las normativas en materia de descarbonización obligará a movilizar 3.300 millones de euros anuales en inversiones hasta 2030, una cifra a la que habrá que sumar otros 8.800 millones de euros adicionales al año para hacer frente a sus costes de explotación, según las estimaciones presentadas por la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC) durante su 32º Congreso Nacional celebrado en Las Palmas de Gran Canaria.
El diagnóstico del sector pone de manifiesto que el reto ya no consiste únicamente en sustituir vehículos de combustión por eléctricos. La transición energética coincide con un fuerte crecimiento de la demanda de transporte público y con un marco regulatorio europeo que obliga a acelerar las compras de vehículos de cero emisiones.
Más viajeros, más flota y mayores inversiones
Las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) apuntan a un incremento del 36% en la demanda de autobús y del 51% en metro antes de finalizar la década, gracias al objetivo de trasladar el 35% de los pasajeros-kilómetro que actualmente realizan sus desplazamientos en vehículo privado hacia el transporte colectivo.
A este crecimiento se suma el aumento de población y el continuo incremento del turismo. España alcanzó en 2025 los 49,1 millones de habitantes y recibió un récord de 96,8 millones de turistas, cifras que se prevé seguirán aumentando durante los próximos años y que ejercerán una presión adicional sobre las redes de transporte público.
Para responder a esta nueva realidad, ATUC considera que será necesario incorporar 7.670 autobuses urbanos, 3.835 autobuses metropolitanos y 4.961 vehículos ferroviarios, además de sustituir progresivamente las actuales unidades de la flota ya existente. El informe de ATUC estima que hasta 2035 deberán renovarse 6.536 autobuses y 1.633 trenes, mientras que otros 4.958 autobuses y 328 trenes servirán para ampliar la capacidad del sistema.
El coste de electrificar las flotas se dispara
ATUC destaca que la principal dificultad para llevar a cabo este proceso va a ser financiera. Desde este año, la normativa europea exige que el 65% de los nuevos autobuses adquiridos sean de cero emisiones, porcentaje que aumentará a partir de 2030 hasta afectar prácticamente a la totalidad de las compras públicas.
En términos económicos, la diferencia es notable. Un autobús urbano eléctrico tiene un coste medio de 550.000 euros, aproximadamente el doble que un modelo diésel equivalente, mientras que en los servicios metropolitanos la inversión alcanza los 620.000 euros por unidad.
Pero el vehículo apenas representa una parte del desembolso que es necesario afrontar. Cada autobús eléctrico necesita un punto de recarga específico donde recargar sus baterías, lo que supone un coste superior a los 50.000 euros, además de tener que afrontar otras inversiones cercanas a 55.000 euros para adaptar las cocheras y preparar las instalaciones eléctricas. Y a todo ello hay que sumar igualmente la obligada formación de los conductores y técnicos de mantenimiento, la digitalización de los sistemas de gestión y la adecuación de los procesos operativos.
Según ha explicado Jesús Herrero, secretario general de ATUC, la diferencia de coste «no afecta solo al vehículo en sí, sino también a la formación de conductores y trabajadores de mantenimiento, la adaptación de los sistemas de gestión y otros procesos asociados», por lo que considera «imprescindible desarrollar nuevos instrumentos financieros que permitan asumir este esfuerzo inversor».
Una flota todavía muy dependiente de los combustibles fósiles
La renovación parte, además, de una situación en la que la electrificación aún es minoritaria. España cuenta actualmente con una flota cercana a 18.000 autobuses, cuya antigüedad media ronda los 8,9 años. El 69% sigue funcionando con motores diésel o de gas, frente a un 18% de híbridos y únicamente un 13% de vehículos de cero emisiones.
Esto significa que, durante buena parte de la próxima década, convivirán autobuses eléctricos y de combustión, ya que la normativa europea afecta únicamente a las nuevas adquisiciones y la renovación completa de las flotas no se alcanzará previsiblemente hasta 2040 o 2045.
El sector reclama un modelo de financiación estable
Más allá del volumen de inversión, desde ATUC se insiste en que el verdadero desafío será garantizar una financiación permanente para el transporte público urbano y metropolitano.
Actualmente, los ingresos del transporte público proceden en un 37% del billetaje, un 58% de la aportación económica que hacen las comunidades autónomas y ayuntamientos y apenas un 5% de la Administración General del Estado. Para solucionar este problema, desde la asociación se propone que el futuro Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO), que según la nueva Ley de Movilidad Sostenible hay que desarrollar, establezca que la aportación estatal alcance el 25% del total de la financiación, a fin de que de verdad se proporcione una estabilidad financiera al sistema.
ATUC plantea la necesidad de aprovechar también parte de los recursos procedentes del futuro sistema europeo de comercio de emisiones ETS2, que comenzará a aplicarse en 2028. En el escenario más favorable, España podría llegar a recibir hasta 8.800 millones de euros anuales de este mecanismo, por lo que si una tercera parte de esos ingresos se destinara a transporte público, sería posible cubrir hasta el 90% de las inversiones necesarias para la transformación y electrificación que es preciso llevar a cabo en las flotas del transporte público.
Un asunto de política de Estado
El informe concluye que la financiación del transporte público debe dejar de considerarse una cuestión exclusivamente sectorial para convertirse en una política estratégica del Estado. No en vano, el transporte colectivo mueve 4.800 millones de viajeros al año, presta servicio a siete de cada diez españoles y constituye una herramienta esencial para cumplir los compromisos climáticos nacionales y europeos.
Para ATUC, el marco regulatorio ya está definido. Lo que falta ahora es activar una arquitectura financiera estable que permita afrontar una ventana decisiva, la comprendida entre 2026 y 2030, en la que se jugará buena parte del futuro de la movilidad sostenible en España.