La Fundación RACE ha valorado de forma crítica el texto aprobado de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, al considerar que carece de concreción en cuanto a incentivos y plazos de aplicación, lo que podría limitar su efectividad real. Desde la entidad se advierte que el envejecimiento del parque automovilístico español representa un grave riesgo para la seguridad vial y un obstáculo significativo para la descarbonización del transporte.
En este sentido, la Fundación solicita que el futuro desarrollo reglamentario de la norma se produzca con urgencia e incorpore planes Renove efectivos, incentivos fiscales y una reducción del IVA en sistemas de seguridad pasiva y mantenimiento de vehículos. Estas medidas permitirían facilitar el acceso de ciudadanos y empresas a vehículos más seguros y eficientes, clave para una movilidad sostenible y segura.
Una de las principales críticas de la Fundación se centra en la exclusión de su propuesta para permitir el acceso de los vehículos de auxilio en carretera a las Zonas de Bajas Emisiones cuando se encuentren en servicio. RACE considera esencial garantizar la actuación inmediata de los equipos de asistencia en áreas restringidas, evitando riesgos adicionales tanto para la circulación como para la seguridad vial.
Una norma contra el transporte privado
“La seguridad no puede depender del etiquetado ambiental del vehículo de asistencia que acude a auxiliar a un conductor”, subraya la Fundación RACE. Esta reivindicación cobra especial importancia para el sector de la gestión de flotas y asistencia en carretera, que a menudo se ve limitado en su capacidad de respuesta en entornos urbanos con restricciones ambientales.
Por otro lado, RACE lamenta que la ley mantenga un enfoque desequilibrado que penaliza el uso del vehículo privado, favoreciendo otros modos de transporte sin exigirles las mismas obligaciones. A su juicio, este sesgo legislativo puede generar exclusión social y dificultades para quienes dependen del vehículo en su actividad diaria, tanto a nivel laboral como familiar.
Además, esta institución denuncia que la posibilidad de que los ayuntamientos impongan tasas por circulación según el etiquetado ambiental consolida un modelo asimétrico. En él, los conductores asumen nuevas cargas mientras otros modos de transporte reciben incentivos sin contraprestaciones. Para avanzar hacia una movilidad sostenible y equitativa, RACE insiste en la necesidad de equilibrio normativo y reconocimiento del papel del vehículo en la cohesión territorial y el desarrollo económico.