La junta general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Markus Haupt, consejero delegado de Seat y Cupra, como nuevo presidente de la organización para los próximos dos años, en sustitución de Josep María Recasens, quien recientemente ha sido nombrado nuevo consejero delegado de Indra.
La designación llega en un momento especialmente delicado para la automoción española. Más allá de los desafíos derivados de la electrificación y de la creciente competencia internacional, el nuevo presidente hereda una agenda marcada por la necesidad de exigir al Gobierno el cumplimiento de varios de los compromisos adquiridos con el sector durante los últimos meses para el desarrollo del Plan Auto 2030 previsto para la industria de automoción española.
El Congreso exige al Gobierno activar el plan de renovación del parque
La llegada de Haupt a la presidencia de Anfac coincide además con la aprobación en el Congreso de una iniciativa que insta al Ejecutivo a poner en marcha cuanto antes el plan de renovación del parque automovilístico contemplado en la nueva Ley de Movilidad Sostenible, cuya presentación debería haberse producido el pasado 3 de marzo y que lleva pendiente desde entonces por el incumplimiento del Gobierno a su propia normativa.
Dicho plan debía haber iniciado entonces su tramitación, por lo que acumula ya varios meses de retraso. Una situación que también resulta especialmente llamativa porque algunos de los grupos parlamentarios (PSOE y Sumar) que respaldaron la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible han sido precisamente los que han votado posteriormente en contra de una propuesta destinada precisamente a exigir la aplicación de uno de los instrumentos previstos en la normativa que ellos mismos aprobaron el pasado mes de octubre y que entró en vigor a primeros de diciembre.
Para el sector, la renovación del parque supone una de su principales prioridades estratégicas de cara a su desarrollo en los próximos años. España mantiene uno de los parques automovilísticos más envejecidos de Europa, situación que además tiene importantes consecuencias en términos de seguridad vial, emisiones y eficiencia energética.
La continuidad del Plan Auto+, una prioridad para Anfac
Junto al plan de renovación, la continuidad y correcta ejecución del Plan Auto+ anunciado por el Gobierno español que preside Pedro Sánchez se ha convertido en otra de las importantes cuestiones que desde ya marcan el inicio del mandato del nuevo presidente de Anfac, Markus Haupt.
Según ha publicado La Tribuna de Automoción, las bases reguladoras y la convocatoria del programa de ayudas a la compra de vehículos electrificados se publicarán previsiblemente a comienzos de este próximo mes julio, fecha que, ya de entrada, supone cerca de un mes de retraso con respecto a la planificación inicialmente prevista, dado que en numerosas ocasiones tanto desde el Gobierno como desde la propia Anfac se había hablado de primeros de junio, aunque el plan inicialmente se anunció por el propio Pedro Sánchez para primeros de año (enero o febrero).
La información adelantada por La Tribuna de Automoción señala que el programa tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 y contará con una dotación de 400 millones de euros. De esa cantidad, 350 millones estarán destinados a particulares, 42 millones a pequeñas empresas y ocho millones a trabajadores autónomos.
La misma publicación apunta además que, a mediados de junio, ya existirían operaciones que comprometerían más de la mitad del presupuesto disponible, por lo que las previsiones del sector apuntan a que los fondos previstos para su dotación podrían —a tenor de la evolución del mercado durante el presente año— agotarse entre finales de septiembre y principios de octubre.
Retrasos que generan incertidumbre en clientes y concesionarios
Aún así, la demora en la puesta en marcha efectiva del Plan Auto+ está generando una creciente preocupación entre fabricantes y distribuidores, así como también entre los compradores de vehículos nuevos.
Miles de compradores han adquirido vehículos electrificados desde comienzos de año confiando en la retroactividad anunciada por el Gobierno. Sin embargo, la ausencia de una convocatoria operativa mantiene en suspenso la percepción efectiva de unas ayudas que resultan determinantes para cerrar muchas operaciones.
Esta situación puede provocar que algunos clientes vean alteradas las condiciones económicas bajo las que tomaron la decisión de compra si continúan produciéndose retrasos administrativos o incidencias en la tramitación.
Al mismo tiempo, buena parte de las redes de concesionarios han tenido que asumir el coste financiero derivado de adelantar descuentos o cerrar operaciones bajo la expectativa de que las ayudas comprometidas llegarían en los plazos previstos. El retraso en la activación de los incentivos incrementa la tensión financiera sobre muchas empresas de distribución, especialmente en un contexto de elevados costes operativos y márgenes cada vez más reducidos.
La hoja de ruta industrial pactada con el Gobierno
El relevo al frente de Anfac también se produce cuando todavía permanecen pendientes diversos compromisos incluidos en la hoja de ruta industrial acordada durante la presidencia de Josep María Recasens.
Ese marco de trabajo perseguía reforzar la competitividad de la industria española mediante el impulso de la electrificación, el apoyo a la fabricación nacional de vehículos de bajas emisiones, el desarrollo de la cadena de suministro asociada a las baterías, la aceleración de las infraestructuras de recarga y la implantación de mecanismos eficaces de estímulo a la demanda.
Desde el sector se considera que la ejecución de estas medidas resulta fundamental para consolidar las inversiones comprometidas por los fabricantes y garantizar que España mantenga su posición como uno de los principales productores europeos de automóviles.
En este contexto, Markus Haupt asume la presidencia de Anfac con una misión que va más allá de la representación institucional de los fabricantes. Su principal desafío será lograr que los compromisos adquiridos entre la industria y la Administración se traduzcan en actuaciones concretas y ejecutadas en plazo, en un momento en el que la credibilidad de las políticas de apoyo a la electrificación se ha convertido en un factor decisivo para consumidores, distribuidores e inversores.