La nueva normativa aprobada en materia de movilidad sostenible obliga a las empresas, en concreto a las de más de 200 trabajadores (o de 100 por turno establecido) a acelerar la puesta en marcha de sus planes de movilidad. Una aceleración que, además, ha de ser máxima, tras la reciente reducción de 24 a 12 meses del plazo impuesto para su implantación.
Diagnóstico, diseño de soluciones adecuadas y a la medida, validación interna, formación e información y puesta en marcha son las etapas necesarias que todas las empresas implicadas deberán llevar a cabo en su proceso de creación e implantación de su nuevo plan de movilidad sostenible.
Plan que deberá incluir medidas concretas que aplicar a los desplazamientos de sus empleados, la reorganización de los desplazamientos de carácter laboral a lo largo de la jornada, el impulso del transporte colectivo, la promoción de alternativas al uso de vehículos privados o la incorporación progresiva de nuevas soluciones de transporte electrificadas, entre muchas otras.
Asumir nuevas obligaciones a corto plazo
Una combinación de nuevas obligaciones y plazos más exigentes que, igualmente, se combina con nuevos incentivos económicos, dado que la normativa publicada por el BOE recoge la reactivación de los incentivos a la compra y uso de los vehículos eléctricos, entre los cuales también se ha recuperado la controvertida deducción del 15% en el IRPF (con un máximo de ahorro de hasta 3.000 euros por vehículo), de las ayudas adicionales para la instalación de puntos de recarga en las infraestructuras de la compañía, etc. Ayudas que pueden llegar a superar los 7.000 euros, siempre con el objetivo final de acelerar la electrificación de la movilidad al incentivar la compra de vehículos de esta tecnología.
Pero más allá de las posibles bondades y beneficios que esta nueva normativa otorga a las empresas cumplidoras, también están las penalizaciones aplicables a las que no reaccionen a tiempo y no adopten ni se adapten debidamente a la misma. Pues además de no alcanzar la optimización de costes que facilita el cumplimiento de la normativa, no ordenar ni mejorar sus desplazamientos ni aprovechar las ayudas ya disponibles, pueden encontrarse por el camino con severas sanciones económicas por parte de los organismos regulatorios correspondientes y verse además implicados en farragosos y complicados problemas administrativos y judiciales que también contribuirán a perjudicar su cuenta de resultados.
La movilidad, nueva cuestión estratégica para las empresas
Las empresas que deben asumir la nueva normativa ya cuentan con menos de nueve meses para cumplir con la nueva Ley de Movilidad Sostenible (el plazo finaliza el próximo 3 de diciembre). Las empresas deben tener en cuenta que, como sostiene Ramón Ledesma, socio estratégico de Impulso by Pons, “la movilidad ha pasado a ser una cuestión estratégica para las administraciones y empresas. Y es que, este tipo de planes ayudan a ahorrar costes, mejoran la seguridad vial, reducen el absentismo laboral, permiten cumplir con los estándares medioambientales, así como mejorar la calidad de vida de los empleados”.
Compañías expertas en movilidad como la citada ya han definido una metodología estructurada adecuada para que las empresas avancen de manera firme y progresiva en la elaboración de sus planes de movilidad, “a fin de reducir los posibles riesgos durante su implementación y asegurar la alineación entre las distintas áreas implicadas en la compañía”, comentan desde Impulso by Pons.
Cómo implantar el nuevo plan de movilidad
Para ello han definido una estrategia que consta de cuatro fases:
- Diagnóstico integral de la movilidad corporativa. Un proceso durante el cual las empresas deberán detectar sus ineficiencias en materia de movilidad, buscar las oportunidades de mejora a su alcance y conocer los puntos críticos que sus acciones van a generar durante todo el camino. Todo con el fin de evaluar a priori los patrones de movilidad que su organización precisa, analizando el modo en el cual sus trabajadores se desplazan, su dependencia de vehículos de transporte privado, el uso que su organización hace del teletrabajo, y el impacto social y ambiental asociado a todo ello con un objetivo muy claro: identificar las posibles ineficiencias para poder erradicarlas.
- Definición y diseño de una estrategia de movilidad. Para garantizar el éxito de sus nuevas políticas de movilidad, las empresas deben ante todo alinear las mismas y las nuevas estrategias a seguir para su implantación con las líneas y objetivos que ya se han marcado en sus planes de ESG y estrategia corporativa a corto, medio y largo plazo. Para ello precisan coordinar a las diferentes áreas de la compañía (dirección general, recursos humanos, operaciones, etc) a fin de asegurar que las decisiones a tomar en materia de movilidad responden tanto a criterios operativos como estratégicos.
- Implementación de medidas concretas. Este es uno de los aspectos más importantes a seguir, pues la nueva ley de movilidad sostenible exige la puesta en marcha de acciones concretas y claras dirigidas a optimizar los desplazamientos laborales, tanto de los trabajadores como de las personas y entidades vinculadas y relacionadas con la propia organización. Entre las medidas que la Ley reconoce se encuentran algunas como la optimización de los desplazamientos laborales, el impulso de alternativas sostenibles, la electrificación progresiva de las flotas de vehículos, la incorporación de políticas de teletrabajo. Además, en esta etapa es también importante favorecer la adopción de nuevos sistemas de movilidad como pueden ser los servicios de carpooling o de carsharing corporativo, la puesta en marcha de buses lanzaderas, la adaptación de las infraestructuras a los nuevos sistemas mediante, por ejemplo, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos de todo tipo o la adecuación de los espacios de trabajo, entre otros.
- Formación e información: De nada sirve todo el esfuerzo anterior si las empresas no establecen además los adecuados procesos de formación e información a sus trabajadores en materia de movilidad sostenible. Sin ellos será difícil obtener el adecuado rendimiento que los planes de movilidad buscan obtener, lo que hará aún más complicado alcanzar los objetivos marcados por la compañía. Contar con los mejores planes de formación en materia de movilidad para promover la seguridad vial, el ahorro de combustible, la conducción eficiente, o el mejor aprovechamiento de los sistemas y modos de transporte al alcance de los trabajadores es un asunto vital a desarrollar por parte de las empresas.
- Medición, seguimiento y mejora continua. Y, por último, la aplicación progresiva de todas estas medidas tanto durante su proceso de creación como una vez implantadas las mismas requiere establecer una serie de indicadores que faciliten la evaluación de las mismas y el impacto tanto económico como social y medioambiental que su puesta en marcha está generando. Sólo mediante un control y seguimiento continuo de las mismas, que proporcione los datos adecuados y necesarios para su análisis, se podrán ir corrigiendo las posibles desviaciones y errores y lograr la mejora progresiva que los planes de movilidad buscan conseguir.
Palanca estratégica
“La movilidad ya no puede entenderse como un elemento aislado, —comenta Ramón Ledesma— sino como una palanca estratégica que impacta en múltiples dimensiones del negocio, desde la sostenibilidad hasta la atracción de talento”. Para el socio estratégico de Impulso by Pons, “la anticipación y planificación son factores determinantes para afrontar con éxito el nuevo escenario regulatorio, por lo que las organizaciones que estructuren su plan de movilidad desde un enfoque metodológico tendrán una transición más ordenada, con menor impacto operativo y mayores beneficios a medio y largo plazo”, concluye Ledesma.
Y es que la transformación de la movilidad corporativa es una gran oportunidad que las empresas deben abrazar para mejorar tanto su eficiencia operativa como para optimizar costes y reforzar su propia propuesta de valor hacia sus empleados. Una oportunidad que ya ha dado comienzo y que es de obligado cumplimiento.