Los canales de matriculación de empresas y alquiladoras han sido durante los últimos años el gran dique de contención que ha permitido al mercado español del automóvil alcanzar buenas cifras de matriculaciones. Pero durante ese mismo tiempo también se han convertido en una de las grandes paradojas del proceso de transición energética que vive el mercado, pues aun siendo los canales teóricamente mejor posicionados para acelerar la electrificación de sus vehículos —por volumen, capacidad financiera y gestión profesional de sus flotas—, lo cierto es que han ralentizado el cambio debido a la falta de rentabilidad que dicho proceso les aportaba.
Según las previsiones de GANVAM, el canal de matriculaciones de empresas rondará en 2026 las 429.000 unidades (un incremento del 2,4%) y el de las alquiladoras se situará en torno a las 196.000 unidades (+3%). Pero más allá del crecimiento en volumen, el verdadero punto de inflexión estará en el mix energético de dichas compras.
Por qué frenaron la electrificación
Durante estos últimos años, las empresas y compañías alquiladoras han desestimado acelerar los procesos de electrificación de sus flotas por una razón esencial: la baja rentabilidad que los vehículos eléctricos les aportaban a los resultados de las mismas.
En el caso de las empresas la rentabilidad del resultado de sus flotas se resentía debido a los mayores costes de adquisición que suponía incorporar vehículos eléctricos, acción que, desde 2019, les provocaba asumir incrementos de precios superiores al 45% en la compra de los vehículos nuevos. Un factor al que además debían añadir la fuerte incertidumbre que los vehículos eléctricos arrojaban sobre su valor residual a 3-4 años vista, las fuertes dudas que había en estos primeros años sobre la evolución tecnológica respecto de la capacidad y duración de las baterías, la autonomía que las mismas proporcionaban a sus operaciones y, en especial, tanto la evolución de las normativas y regulaciones como la necesidad de adaptar sus instalaciones y sedes adoptando las infraestructuras de recarga necesarias para la transformación de sus flotas.
En cuanto a las compañías alquiladoras, el frenazo a sus procesos de electrificación resultó ser aún más contundente, pues a las circunstancias ya citadas para las empresas añadían la baja disponibilidad existente de puntos de recarga públicos, especialmente en destinos turísticos; la fuerte negativa o reticencia de los consumidores a alquilar vehículos eléctricos por miedo a la baja autonomía de los vehículos disponibles durante estos últimos años y la escasa capacidad de la red de puntos de carga existentes; los fuertes inconvenientes que la adopción de esta tecnología provocaban en sus operativas al hacerlas más complejas (ralentización de la rotación de los vehículos, mayor dificultad para realizar entregas urgentes, menor capacidad para realizar un uso intensivo de los vehículos, …); así como la menor demanda de vehículos eléctricos detectadas especialmente en sus mercados vacaciones, donde los clientes priorizan su comodidad y la disponibilidad inmediata de los vehículos..
Y el resultado de todo ello, como no podía ser de otra manera, ha sido el por todos ya conocido durante estos años: la gran mayoría de las empresas y compañías de alquiler decidieron aparcar —literalmente— sus planes de electrificación y esperar a que las condiciones de uso mejorasen, la oferta de vehículos se ampliara y los precios de los mismos se redujeran claramente.
El cambio de escenario: presión regulatoria y fiscal
Sin embargo, el escenario previsto para este próximo quinquenio 2026-2030 será radicalmente distinto. La presión normativa de la Unión Europea y del Gobierno español para que la electrificación en ambos canales de distribución se intensifique va a ser mucho más fuerte. Tanto la administración española como la europea tienen previsto intensificar la electrificación del parque automovilístico estableciendo unos objetivos más exigentes de reducción de las emisiones generadas por las flotas, mayores restricciones de acceso a determinadas zonas en las grandes ciudades, donde además se van a establecer un mayor número de ZBEs.
También van a condicionar en función de las cotas de electrificación alcanzadas por las flotas los incentivos fiscales que empresas y alquiladoras puedan percibir al igual que ya está previsto establecer nuevas penalizaciones con las que gravar a aquellas flotas que resulten altamente generadoras de emisiones. Para ello también tienen previsto endurecer las condiciones de muchos contratos de la administración estableciendo nuevos estándares de emisiones que afectarán a las empresas suministradoras con las que contraten.
Así en este nuevo contexto, durante los próximos años acelerar la electrificación de sus flotas va a dejar de ser tanto para las empresas como para las alquiladoras una decisión puramente económica para convertirse en una necesidad estratégica y regulatoria.
Empresas: electrificar para cumplir y para competir
De esta manera, en el canal de ventas a empresas, la aceleración de la electrificación que se va a llevar a cabo producirá nuevos efectos estructurales entre los cuales podemos destacar:
- Renovación más planificada y selectiva de flotas.
Las compañías priorizarán la adquisición de modelos de aquellos segmentos donde el eléctrico es más competitivo (SUVs de pequeño tamaño y compactos urbanos). - Mayor inversión en infraestructura propia.
Muchas empresas optarán por instalar un mayor número de puntos de recarga en sus sedes y parkings corporativos para controlar sus costes energéticos. - Reconfiguración del TCO (coste total de propiedad).
Aunque el precio inicial es mayor, el menor coste por kilómetro y el ahorro en mantenimiento empezarán a equilibrar la balanza en determinados usos. - Impulso indirecto al mercado de ocasión.
A medida que estas flotas eléctricas roten, aumentará la oferta de eléctricos jóvenes en el VO, facilitando el acceso a particulares.
En definitiva, el canal empresa se convertirá en una de las palancas de normalización del eléctrico, aunque con un ritmo prudente y muy ligado al análisis de rentabilidad por uso.
Rent a car: electrificar por obligación, no por demanda
El caso de las alquiladoras el cambio será aún más complejo, dado que su abandono previo de la transformación eléctrica de sus flotas estuvo ligada al claro rechazo que el cliente final mostraba por el alquiler de vehículos de esta tecnología. Los turistas, —tanto nacionales como internacional— no querían asumir la incertidumbre que les suponía el tener que recargar la batería de sus vehículos en entornos para ellos desconocidos.
Aun así, la fuerte combinación que durante estos próximos cinco años se va a producir por la expansión progresiva de la red de recarga, las nuevas exigencias medioambientales y de circulación que se van a establecer en muchos destinos turísticos; las cada vez mayores restricciones que van a afectar al uso de los vehículos en aeropuertos y grandes ciudades, así como la necesidad de mantener su imagen corporativa y hacer frente a la fuerte presión que les supondrá asumir todas estas circunstancias en sus estrategias ESG, va a forzar a las alquiladores y rent a car a reintroducir nuevamente al vehículo eléctrico en las renovaciones de sus flotas.
Una acción que, sin duda, va generar importantes efectos tanto sobre la composición como la distribución de sus flotas. Efectos como:
- Reducción estructural del tamaño de flota en algunos operadores, para compensar las mayores inversiones a realizar.
- Mayor peso de modelos híbridos enchufables en ellas, como solución intermedia.
- Electrificación inicial de las flotas concentrada en las grandes capitales y destinos urbanos.
- Necesidad de establecer acuerdos con operadores energéticos y hoteleros para asegurar la disponibilidad y acceso de sus clientes al mayor número de puntos de carga posible en cada zona…
Y todo ello no deja de suponer un importante riesgo para las alquiladoras, pues si los clientes y consumidores de sus servicios siguen manteniendo sus actuales reticencias a alquilar vehículos eléctricos, la rentabilidad de las compañías del sector podría resentirse en el corto plazo.
2026-2030: transición forzada pero inevitable
Todo lo expuesto va a provocar que, a diferencia de lo que ya viene sucediendo en el canal de ventas a particulares —donde la demanda retenida durante años ya está impulsando el crecimiento—, quienes operen en los canales de empresas y alquiladoras deberán tener que afrontar un proceso de transición en sus flotas hacia la electrificación que estará más marcado por la estrategia y el control de los gastos antes que por cualquier pulsión de carácter emocional.
Según los datos proporcionados por Ganvam, cara al año 2030, las matriculaciones de vehículos eléctricos podrían no sólo alcanzar, sino superar el 50% del total de las matriculaciones totales en el mercado español, en el que la actividad de ambos canales seguirá siendo determinante para alcanzar dicho porcentaje, y no precisamente por qué las condiciones del mercado lo exijan de una manera espontánea, sino claramente debido a las nuevas regulaciónes y normas que así lo van a exigir.
Por tanto, para estos próximos cinco años la gran incógnita para las flotas de vehículos de empresa no hay que buscarla en si abordarán o no su proceso de electrificación, sino más bien a qué ritmo lo van a llevar a cabo y de qué manera el mismo va a impactar sobre sus márgenes operativos
Lo que parece claro es que el periodo 2026-2030 va a marcar en ambos canales el fin de la electrificación voluntaria y el inicio de una electrificación obligatoria, especialmente para quienes gestionan grandes volúmenes de vehículos. Empresas y alquiladoras ya no decidirán si electrifican o no sus flotas, sino que deberán decidir cómo sobrevivir en un mercado en el que hacerlo será una condición indispensable para seguir operando.