El adelanto de los plazos obliga a actuar con rapidez y convierte la gestión de los desplazamientos laborales en una palanca estratégica para eficiencia, sostenibilidad y competitividad.
La movilidad corporativa está viviendo un punto de inflexión. Lo que durante años fue un aspecto puramente operativo —cómo llegan los empleados a su puesto de trabajo— se ha transformado en un elemento clave dentro de la estrategia empresarial. El motivo: el adelanto normativo que obliga a acelerar la implantación de planes de movilidad sostenible al trabajo.
Creciente presión regulatoria
Este cambio de escenario no solo responde a los objetivos de descarbonización, sino también a una creciente presión regulatoria en materia de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. En consecuencia, cada vez más compañías están revisando con urgencia sus políticas de desplazamiento, analizando tanto su impacto ambiental como su coste económico.
En este contexto, firmas como DEKRA refuerzan su papel como socio estratégico, acompañando a las organizaciones en todo el proceso: desde el diagnóstico inicial de los hábitos de movilidad hasta el diseño e implantación de soluciones adaptadas a cada realidad empresarial.
Muchas empresas carecen de datos precisos
El desafío no es menor. Muchas empresas aún no disponen de datos precisos sobre cómo se desplazan sus empleados ni de herramientas para implementar medidas eficaces. La optimización de rutas, el impulso del transporte colectivo o la incorporación de alternativas más sostenibles exigen un enfoque técnico, personalizado y alineado con la normativa vigente.
Además, la transformación cuenta con el respaldo de las administraciones públicas. Organismos como la Autoritat del Transport Metropolità están promoviendo ayudas e iniciativas que facilitan el desarrollo de estos planes, consolidando una tendencia que previsiblemente se extenderá a todo el territorio.
El impulso definitivo llega con la reciente aprobación del Real Decreto-ley 7/2026, que adelanta al 5 de diciembre de 2026 la obligación de que empresas y entidades públicas con más de 200 empleados —o más de 100 por turno— cuenten con un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo. La normativa introduce, además, un elemento clave: aquellas organizaciones que reciban ayudas públicas vinculadas a este marco deberán cumplir con esta exigencia, pues de lo contrario tendrán que enfrentarse a la devolución de los fondos públicos adjudicados.
Cambio estructural en la gestión de la movilidad
“Las empresas se enfrentan a un cambio estructural en la forma de gestionar la movilidad de sus empleados. No se trata solo de cumplir con la normativa, sino de aprovechar una oportunidad para ser más eficientes, sostenibles y competitivas”, explica María Cabrelles, directora de Advisory & Training en DEKRA.
Más allá del cumplimiento legal, la anticipación se perfila como el verdadero factor diferencial. Las compañías que aborden de forma proactiva la planificación de la movilidad podrán reducir costes, mejorar su huella ambiental y reforzar su atractivo como empleadores en un entorno donde la sostenibilidad ya no es una opción, sino una exigencia.