Renove-30, un programa de ayudas a la compra de automóviles que no discrimine por tecnologías y que beneficie también la adquisición de vehículos de ocasión de hasta 7 años, ha sido la propuesta que el Grupo Popular ha presentado en el Congreso, según Europa Press, y cuyo objetivo es contribuir a la transformación de la industria del automóvil y su cadena de valor, reducir las emisiones de CO2 y otros contaminantes y mejorar la seguridad vial «sin penalizar ni discriminar negativamente ninguna motorización ni solución tecnológica que cumpla los parámetros establecidos por la Unión Europea».
La proposición no de ley, que se debatirá ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso, solicita al Gobierno que dedique parte de los fondos europeos del Plan de Recuperación para la puesta en marcha, en el plazo de un mes y de forma permanente hasta 2030, de este Renove-30, que mediante incentivos debería facilitar la retirada anual de la circulación del 5% de vehículos de más de 10 años, con un presupuesto equivalente, al menos, al programa Moves para ayudas directas a la compra de nuevos vehículos o a través de operaciones de leasing financiero o de renting.
En este sentido, el PP plantea ayudas públicas siempre que se cumpla la normativa de seguridad y emisiones, con arreglo al criterio europeo, «cualquiera que sea su tecnología de propulsión». Asimismo, propone que dichas ayudas se otorguen en función del nivel de renta del beneficiario, el precio y el tipo de vehículo, y que los incentivos sean acumulables y compatibles con otras ayudas públicas, así como una partida específica para vehículos industriales.
Un plan muy completo
Para el PP es necesario, además, completar este programa con dos grandes planes, uno con reformas para la modernización del parque automovilístico, y otro con una batería de medidas fiscales, entre ellas, la ampliación a 12.000 millones de euros del Plan impulso a la cadena de valor de la industria de la automoción, triplicando la dotación prevista en cada componente.
Igualmente, solicita incluir todas las ayudas de estos planes en las exenciones y bonificaciones del IRPF y Sociedades, rebajar los impuestos especiales a vehículos que cumplan los objetivos de emisiones y seguridad vial, ampliar las deducciones por innovación tecnológica para las pymes y un programa específico para ayudar a ayuntamientos en la renovación de su flota de transporte público.
Señala la propuesta, además, que es necesario desplegar una red nacional de recarga y abastecimiento para motorizaciones alternativas, con el objetivo de garantizar, al menos, un punto de recarga para vehículos eléctricos cada 60 kilómetros y para los de hidrógeno y otros combustibles no emisores, de 100 kilómetros.
Finalmente, contempla también reforzar las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y que estas colaboren con la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Consorcio de Compensación de Seguros, simplificando procedimientos, certificaciones y homologaciones, y la promoción de innovación y desarrollo tecnológico y su incorporación al vehículo e infraestructuras.